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El complejo mapa de las ayudas públicas frente a la pobreza energética

Comunidades autónomas y ayuntamientos aplican políticas y presupuestos muy dispares a la hora de hacer frente al problema de la pobreza energética

Consulta el presupuesto que cada comunidad autónoma dedica a ayudas para hacer frente a la pobreza energética de las familias. / CADENA SER

A falta de una norma estatal que establezca una base homogénea comunidades autónomas y ayuntamientos están aplicando políticas y presupuestos muy dispares a la hora de hacer frente al problema de la pobreza energética.

Diferencias que se ponen de manifiesto con claridad si hacemos un repaso de las principales políticas en la materia, con los datos aportados por los gobiernos autonómicos y municipales a las emisoras de la Cadena SER en cada territorio.

Andalucía

La Junta destina 6,4 millones de euros en 2016 para ayudas a familias vulnerables en el pago de recibos de luz, agua y gas. Ha firmado convenios con el 96% de los municipios de la Comunidad. En 2015, con un presupuesto similar -señala la Junta- se atendió a unas 30.000 personas. Se dan ayudas "a criterio de los servicios sociales comunitarios", sin concretar cuáles son esos criterios. Algunos ayuntamientos introducen criterios propios. Y algunos también contribuyen don dinero a las ayudas a sus vecinos.

Aragón

Hay una ley autonómica (aprobada el 3 de noviembre) que plantea ayudas para pagar la luz y el gas a familias en situación de vulnerabilidad. Pueden ir del 50% al 100% de la factura. La ley establece que las compañías no podrán cortar el suministro por impago. Hay también un convenio del gobierno regional con las operadoras energéticas al que se han adherido 8 comarcas, 14 ayuntamientos y 2 mancomunidades. En el primer semestre, según las eléctricas, recibieron ayuda 7.342 familias con recibos por importe de 1 millón de euros, que sufragan entre el gobierno regional y los Ayuntamientos.

En el Ayuntamiento de Zaragoza pueden recibir ayudas para paliar la pobreza energética familias cuyos ingresos no superen 1,25 veces el IPREM (668 euros al mes).

Asturias

El presupuesto autonómico para pobreza energética es de 1,4 millones de euros en 2016. Para ayudas a familias que no ingresen más de 1,2 veces el IPREM: 642 euros al mes. Se espera que puedan recibir ayudas unas 4.000 familias. En 2015 el gobierno autónomo aportó 474.000 euros y los ayuntamientos 42.000. En total 516.000 euros para pobreza energética. Y el dinero se agotó, con 2.150 familias auxiliadas.

Baleares

El Govern presupuesta 200.000 euros para 2017 (como en 2016). Los servicios municipales, Cruz Roja y Cáritas determinan "la necesidad de cada caso de forma individual". Este año se han evitado cortes de suministro eléctrico a 376 familias, según Endesa, que es la distribuidora en el archipiélago.

Canarias

El gobierno autónomo no tiene registro de la situación. Presentó un plan en agosto para familias sin ingresos o muy escasos con menores a su cargo, perceptores de prestaciones no contributivas, mayores de 60 años, familias numerosas y enfermos con tratamiento a domicilio con aparatos eléctricos. Endesa tiene un convenio con la federación regional de municipios, al que se han adscrito 30 municipios, que fijan los criterios para ayudar a las familias.

Cantabria

En marzo pasado el gobierno regional firmó un convenio con las cinco eléctricas con presencia en su territorio. Se establecen ayudas de hasta 1.000 euros por familia. Hasta octubre solo habían sido atendidos 9 casos.

Castilla-La Mancha

La Junta tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros para 2016. Hasta octubre se ha gastado un 60%. La ayuda es de 150 euros por familia en un pago único. Se han concedido 6.000 ayudas. Se ha repuesto la luz a 49 hogares y se han evitado 308 cortes de suministro. El programa es gestionado por Cruz Roja. Alguna diputación provincial y algunos ayuntamientos tienen planes complementarios.

Castilla-León

El gobierno regional no tiene un presupuesto inicial. Pretende "ajustarse a las necesidades" que se planteen. En 2015 destinó 1,2 millones de euros a pagar facturas de luz o gas. Y se beneficiaron 2.630 familias. En el primer semestre de este año el número de familias auxiliadas aumentó un 40% interanual.

Cataluña

Catalunya vio anulada una primera ley con medidas para hacer frente a la pobreza energética por el Tribunal Constitucional, que consideró que regulaba materias de competencia estatal. En 2015 ha aprobado una ley de emergencia social, con medidas que afectan a distintas materias, y que ha sido anulada parcialmente por el Constitucional. Pero la Generalitat considera que sigue en vigor la parte referida a pobreza energética: en ella se prohíbe cortar luz, gas o agua por impago sin que las empresas suministradoras consulten antes si se trata de familias vulnerables (a criterio de los servicios municipales). Hay familias que aseguran que se les ha cortado el servicio sin consulta previa.

La ley establece que una parte del coste de este servicio social ha de ser asumido por las empresas. Pero no fija criterios ni porcentajes. Las energéticas se oponen, pero señalan que de momento son ellas las que están asumiendo el coste de los impagos, a la espera de saldar cuentas con la Administración. La Generalitat ha destinado 5 millones de euros a los ayuntamientos, que son los que se encargan de gestionar las ayudas.

Extremadura

Una ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social contempla ayudas de "apoyo social para contingencias" y "garantía de suministros mínimos vitales". Asegura 6 kwhora al día por persona de suministro eléctrico. Prevé una dotación económica de 12 millones de euros. Pero la ley ha sido cuestionada por el gobierno central, y una "comisión bilateral de cooperación" intenta evitar un recurso de inconstitucionalidad". El presupuesto para 2016 es de 4.696.000 euros. Hasta octubre se han traspasado 1,2 millones a los ayuntamientos para su aplicación. En 2015 fueron atendidas 1.550 familias. Con la nueva ley se espera superar los 10.000 hogares anuales.

Galicia

La Xunta ha presupuestado 2,7 millones de euros para el ticket eléctrico y ayudas para evitar el corte de suministro. Se evita el corte de suministro a familias cuyos ingresos no superen el IPREM: 555 euros al mes. Pueden recibir ayudas para el pago de recibos las que cobren menos de 1,5 veces ese indicador (802 euros al mes). La Xunta señala que se ha apoyado a 2.200 familias este año.

Madrid

El Gobierno autónomo destina 1 millón de euros al problema. Se han recibido 2.996 solicitudes de 2.279 familias para luz y gas. Se han realizado 2.536 propuestas de ayuda. Los criterios de precariedad los fijan los servicios municipales. El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar (el 28 de octubre, sin el apoyo de PP y C's) la apertura de una línea de ayudas para asegurar los suministros básicos a los consumidores vulnerables: luz, gas y agua. No se ha fijado aún la dotación presupuestaria.

Murcia

La Comunidad no tiene prevista una dotación presupuestaria. El Ayuntamiento de Murcia destina 3,5 millones de euros a "emergencia social" y ha suscrito acuerdos de Iberdrola con Cruz Roja, Cáritas y varios ayuntamientos: del noroeste de la región, La Unión o Torre Pacheco.

Navarra

El Gobierno de Navarra tiene acuerdos con varios operadores energéticos. Pero no aporta datos.

País Vasco

El gobierno vasco tiene un presupuesto de 400.000 euros con el que se ayuda a familias en dificultades con 80 euros durante un máximo de tres meses, ampliables a seis en algunos casos. La Cruz Roja se encarga de la gestión y en lo que va de año se ha atendido a 1.341 familias.

La Rioja

El Gobierno regional destina 300.000 euros al problema. Los municipios tramitan las ayudas. Hasta 120 euros por recibo de gas, y un máximo de 400 al año. Y 60 euros por recibo de luz, hasta 200 al año. En ambos casos ampliables en función de las cargas familiares. Se destinan a familias en situación de exclusión o que cobran subsidios no contributivos. El Ayuntamiento de Logroño ha gastado este año 48.000 euros en 360 ayudas.

Comunidad Valenciana

La Generalitat tiene un presupuesto de 5,1 millones de euros para este problema. Con ese dinero se espera alcanzar a 12.000 hogares. El objetivo es llegar a 50.000, para lo que se estudia ampliar la dotación económica en 2,7 millones de euros. Beneficia a familias que ingresan hasta 1,5 veces el IPREM (802 euros al mes) o 2 veces (1.070 euros) por discapacidad o gran dependencia.

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