Fátima Báñez pide pactos en materia de pensiones y evita medidas concretas

Madrid

Tal y como estaba previsto, la ministra Báñez no ha querido entrar en propuestas muy concretas para apuntalar el sistema de Seguridad Social; el Gobierno no quiere ser el primero en proponer medidas impopulares (puesto que implicarán recortar gastos o subir ingresos). Sí que ha puesto sobre la mesa una enmienda parcial a una de las iniciativas más queridas por su propio Gobierno: las "tarifas planas", las ayudas que se dan a los empresarios que contratan, podrían pasar a pagarse con los Presupuestos Generales del Estado, en vez de con los recursos de la Seguridad Social como hasta ahora. Era una medida reclamada por oposición y sindicatos que el Ejecutivo hasta ahora se negaba a aplicar, pero ahora Báñez ha abierto la puerta a que se tome, si el resto de los grupos acepta. Esta decisión supondría un respiro de 1.900 millones al año para la Seguridad Social, aunque tendría que hacerse cargo de ellos el Estado.

En su intervención, la titular de Empleo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad "a los actuales y a los futuros pensionistas: sus pensiones están garantizadas a medio y largo plazo", y ha argumentado esa confianza en tres puntos: en el reconocimiento internacional de que el sistema español gastará menos que otros a largo plazo; en que el principal problema del sistema es el desempleo, y eso -asegura- se está corrigiendo; y en que las reformas se harán en el seno del Pacto de Toledo, y por tanto con consenso.

Consenso y diagnóstico

La primera intervención de la ministra se ha dedicado en buena medida a alabar la Comisión del Pacto de Toledo ("es una prueba de la buena política, de la política colaborativa"), en la línea política que se esperaba del Gobierno: sin mayoría garantizada en un tema tan sensible como las pensiones, quiere implicar al resto de los grupos en la reforma: "reforzar el sistema es tarea de todos", ha advertido. También, y a diferencia de buena parte de sus intervenciones en la legislatura que comenzó en 2011, Báñez ha evitado cuidadosamente criticar al Gobierno de Zapatero por la situación actual de la Seguridad Social.

Tras repasar las reformas acometidas en los últimos años, tanto las de Zapatero como las de Rajoy, ha pasado a describir la situación actual del sistema: un déficit "que se sitúa en torno al 1,6% del PIB" causado, en su opinión, por dos motivos: el envejecimiento de la población y (sobre todo) "la destrucción masiva de empleo con la crisis". En este sentido, ha querido mandar un mensaje de relativo optimismo: "la vuelta a la creación de empleo [desde 2014] ha contribuido a iniciar la estabilización de las cuentas de la Seguridad Social". Se han recuperado 1.600.000 empleos de los 3.300.000 perdidos con la crisis, ha recapitulado Báñez, y ha marcado como prioridad alcanzar cuanto antes los 20 millones de afiliados para apuntalar el sistema. "Hemos iniciado un largo camino en la buena dirección, pero nos queda mucho camino por recorrer", ha recapitulado.

Propuestas poco concretas

Durante su intervención, quitando lo relativo a las ayudas a la contratación, Báñez ha evitado perfilar reformas concretas. Ha hablado de la necesidad de profundizar en la "separación de fuentes", en una aparente alusión a la posibilidad de financiar las pensiones de viudedad y orfandad con los Presupuestos del Estado; ha hablado de una distribución de la cotización "equitativa entre los regímenes", en lo que parece referirse a un reajuste de las cotizaciones de los autónomos para alinearlas con los ingresos que realmente tienen, y también ha dicho que conviene tomar medidas para "prolongar la vida laboral", en la línea de la propuesta electoral del PP de ampliar del 50% al 100% la posibilidad de compatibilizar la pensión con el salario para las personas con carreras largas de cotización que quieran seguir trabajando más allá de la edad de jubilación.

La oposición ha aceptado el diálogo, pero ha cuestionado tanto las verdaderas intenciones de pactar del Gobierno como la calidad de su diagnóstico. Mercè Perea, la portavoz socialista, ha reprochado a Báñez "estar más en 'modo elecciones' que en el consenso", y ha criticado que la ministra haya atribuido el déficit del sistema sólo a la caída del empleo, como si las políticas del Ejecutivo popular no hubiesen tenido nada que ver: "vienen a decir que no ha pasado nada, cuando en los últimos cinco años han ninguneado el Pacto de Toledo y la concertación social", además de acusar al Gobierno del PP de generar parte del agujero del sistema con su política de bonificaciones a la contratación y con la precariedad generada por la reforma laboral de 2012, y de servirse del Fondo de Reserva "de forma irresponsable". También los portavoces de Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya han criticado al Gobierno por no admitir que sus políticas de austeridad y recorte han deteriorado el sistema, aunque también estos grupos se han mostrado dispuestos a pactar.