El Tribunal de Cuentas absuelve a Alonso y Maroto por el 'caso San Antonio'
El Tribunal de Cuentas absuelve, en apelación, a los dos dirigentes populares por el 'caso San Antonio', el caso del alquiler de locales en Vitoria por encima del precio recomendado en los informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria.
El fallo de la Sala ha sido de la ponente, Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP, con el voto particular en contra del presidente de la Sala, Felipe García Ortiz.
Alfonso Alonso saluda a Javier Maroto, en una imagen de archivo / EFE
Madrid
El Tribunal de Cuentas absuelve, en apelación, a los dos dirigentes populares por el 'caso San Antonio', el caso del alquiler de locales en el Ayuntamiento de Vitoria por encima del precio recomendado por los informes técnicos del consistorio. El fallo de la Sala exime por tanto a Alfonso Alonso, Javier Maroto y los miembros del gobierno municipal de Vitoria del pago de la multa de 393.862 euros a la que fueron condenados en primera instancia. La operación en cuestión fue firmada por Alfonso Alonso cuando era alcalde de Vitoria y Javier Maroto concejal de Hacienda. Alonso firmó un contrato de 20 años de duranción para albergar unas oficinas del consistorio por un precio por encima del recomendado, el total acordado por los locales fue de 12.500 euros más IVA mensuales y el informe técnico recomendaba una renta de 10.168 euros más IVA.
La sentencia de este miércoles estima el recurso de los populares Alfonso Alonso y Javier Maroto porque entiende que el contrato privado entraba dentro de su discrecionalidad y el informe técnico del consistorio que obviaron el exalcalde y exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el exconcejal de Hacienda, Javier Maroto, no era vinculante. La sentencia alega que la fiscalización contable del tribunal no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos sino en criterios de legalidad.
Voto particular en contra
El fallo, del que ha sido de la ponente Margarita Mariscal de Gante -exministra de Justicia con el PP- ha contado con el voto particular del presidente de la Sala, Felipe García Ortiz. Según este voto, sí existió infracción penal porque el contrato vulneró los principios de buena administración, recogidos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que prohíbe pactar claúsulas contrarias a dichos principios.
Aunque en la sentencia no se aprecia "una desproporción entre el precio pagado y el valor de la contraprestación del que pueda deducirse que se trataba en realidad de un pago sin causa", para este consejero sí "se pactaron en el contrato de arrendamiento unas actualizaciones de renta que excedían de manera desproporcionada el IPC", lo que supone una responsabilidad contable y un daño a los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria. Por tanto, dicha infracción derivó en un "pago abusivo y sin causa" que asciende a 189.097 euros, incluyendo en esta cifra el diferencial del IPC de los años 2009 a 2013 (los anteriores no computan al estar prescritos), el IVA y la consolidacion de años posteriores hasta 2013.
Con estos motivos, el presidente de la Sala considera que se debía haber condenado a la Junta de Gobierno Local por dicha cantidad y estimarse de forma parcial, cifrando los perjuicios ocasionados por el equipo municipal dirigido por Alonso en el pago directo de esos 189.097 euros.
El juicio por este alquiler se celebró el pasado mes de abril en la sede del Tribunal de Cuentas, la fiscalía no formuló demanda al no apreciar responsabilidad contable.
Posible recurso
El Ayuntamiento de Vitoria gobernado por PNV en coalición con el PSE, artífices de la denuncia inicial, han anunciado su intención de recurrir la decisión en casación al Tribunal Consticional. Por su parte, el Partido Popular ha manifestado en las redes sociales su satisfación por la absolución ya que acredita que todo se hizo conforme a la ley.
