Economia y negocios
Pobreza energética

El Gobierno cede ante el PSOE y está dispuesto a proteger a las víctimas de pobreza energética

Las ayudas se pagarán con el bono social, que financiarán las comercializadoras eléctricas

El Gobierno y el PSOE ultiman un acuerdo en materia de pobreza energética / GETTY IMAGES

Madrid

Gobierno y PSOE ultiman un acuerdo para la protección de las familias en situación de pobreza energética severa. El ejecutivo se muestra dispuesto - a instancias del Partido Socialista- a prohibir los cortes de luz a las familias en situación vulnerable, y a que las ayudas destinadas a ese fin se financien con cargo al bono social y las paguen las comercializadoras eléctricas.

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A falta de cerrar los últimos flecos para un acuerdo definitivo el gobierno estaría dispuesto a incluir un nuevo punto en la ley del sector eléctrico por el que se consideraría servicio esencial -y por tanto no interrumpible- el suministro eléctrico a los consumidores que sean considerados vulnerables severos. Es decir, familias sin recursos para hacer frente al recibo de la luz, que estén acogidos a la tarifa que fija el gobierno (no en el marcado libre), y que estén siendo atendidos por los servicios públicos de la administración autonómica o local correspondiente por hallarse en riesgo de exclusión social.

De aprobarse así, iría más allá de la tregua invernal que se empezó planteando hace unos años, ya que garantizaría el suministro eléctrico en cualquier estación, mientras se esté en situación de pobreza.

El apoyo a las familias vulnerables ha sido negociado por la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, y la portavoz de energía de su grupo, Pilar Lucio.

Consumidor vulnerable

La definición de la figura de consumidor vulnerable es uno de los flecos pendientes en la negociación: consensuar un marco homogéneo de ámbito estatal para establecer a qué personas no se podrá cortar el suministro eléctrico.

El ministro Álvaro Nadal se ha mostrado temeroso, desde su llegada al cargo, con la posibilidad de invadir competencias autonómicas en la regulación de la protección estatal frente a la pobreza energética: "Cómo conseguir un modelo que tiene que ser muy respetuoso con las competencias autonómicas es en lo que tenemos que trabajar y lo que todos los grupos nos hemos comprometido a seguir haciendo", decía el 24 de noviembre, cuando acudió por primera vez al Congreso de los Diputados para abordar el asunto con los demás grupos parlamentarios.

La opción que baraja el gobierno para eludir el riesgo de un recurso autonómico frente a una norma estatal en esta materia es llevar el asunto a la conferencia de presidentes autonómicos, para poder adoptar unos mínimos de protección de ámbito estatal consensuados con los mandatarios regionales.

Ayudas de ámbito estatal

Gobierno y PSOE estarían de acuerdo también en la fórmula para financiar las ayudas de ámbito estatal a las familias en situación de pobreza energética severa.

Se destinaría a ese fin una parte del dinero del bono social, en cuya reforma se trabaja también, y que el gobierno quiere que se financie con aportaciones de todas las comercializadoras eléctricas. El PSOE, a cambio del compromiso del Gobierno en relación con la pobreza energética, renuncia a su propuesta inicial de que el bono lo financiasen también otras empresas eléctricas, como las distribuidoras o la transportista Red Eléctrica.

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