El Tribunal de Cuentas cifra en 60.718 millones de euros el coste público del rescate bancario

El Tribunal de Cuentas cifra el "coste acumulado" de los recursos públicos del rescate, a cierre de 2015, en 60.718 millones de euros de un total de "recursos públicos comprometidos" por parte del Estado de 122.122 millones de euros. El principal componente del coste público ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que asciende a 46.021 millones de euros.

El  informe analiza el proceso de restructuración bancaria de 2009 a 2015, los años más duros de la crisis y fecha en la , y concluye que las entidades fiscalizadas -el FROB, los tres fondos de garantía de depósitos, el de entidades de crédito y el Banco de España como entidad supervisora- actuaron conforme a la ley.

Ampliar

Sin embargo, el máximo órgano fiscalizador critica al FROB por incurrir en gastos innecesarios y la falta de criterios financieros y económicos en el rescate de las cajas de ahorros. El FROB no aprobó -excepto en dos casos- "un procedimiento que estableciera las reglas básicas a aplicar en cada una de las ventas de entidades de crédito". De hecho, en algunos procesos de ventas "no se detallaron, como habría sido lo procedente, todas las garantías que finalmente fueron formalizadas en los contratos". En el balance, la entidad que más coste público ha supuesto es Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bankia, Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novogalicia (Ver cuadro).

El tribunal ha detectado que algunos casos de la restructuración conllevan un "coste mayor del inicialmente previsto" y gastos innecesarios por parte del FROB. Según el informe, el tribunal no da por perdido el dinero del rescate ya que la cifra no puede considerarse definitiva hasta que no estén cerrados los procesos de restructuración. Señala, como ejemplo, las operaciones del FROB después de 2015 de venta de acciones de entidades en las que aún participaba y que pueden incrementar o disminuir el coste del rescate.

El FROB tampoco "dictó normas" para regular su representación en la Sareb, la sociedad que absorbió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades rescatadas.

Entre las recomendaciones, el tribunal pide al FROB establecer un sistema de contabilidad analítica para conocer los recursos que se aplican a cada proceso de restructuración. El último utilizado por el fondo de restructuración "presentaba notables deficiencias" que deben ser subsanadas.