Tras conocer las citaciones y el criterio de la Fiscalía sobre los "múltiples indicios de criminalidad" en la salida a bolsa de Bankia los letrados de las acusaciones se han reunido para analizar las cuestiones penales que implicarían a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los supervisores de cara a los interrogatorios.

Además de los e-mails de la inspección a la dirección del Banco de España (del inspector Antonio Casaus a su superior, ahora imputado, Pedro Comín) previos a la cotización, consideran que es clave la posible imposición de las fusiones de las cajas por parte de Fernández Ordóñez. En la instrucción -y basados en la documentación del sumario-, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, declaró ante el juez que Fernández Ordóñez le obligó a integrarse. Para Manuel Pardos, presidente de Adicae, "si Fernández Ordóñez sabía de la situación de quiebra de Bancaja, tenía que tener información de que los estados contables de Caja Madrid también eran muy peligrosos", señala.

Las acusaciones se centrarán en desmontar lo que llaman "una operación con motivaciones político-financieras". Lo harán apoyados en unos 40 informes incluidos en la instrucción. Andrés Herzog, principal letrado de la acusación que presentó el recurso a los jueces en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) señala que "hay informes todo tipo que implican a Fernández Ordóñez y los supervisores del Banco de España y la CNMV. Desde informes de seguimiento a otros sobre cuestiones concretas". En ellos, las alertas el equipo de inspección del Banco de España en Bankia se repetían y se ignoraron.