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Viernes, 28 de Febrero de 2020

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Los acusados por Nóos se enfrentan a penas de hasta 19 años de cárcel

El fiscal pide la pena máxima para Iñaki Urdangarin y la acusación popular pide 8 años para la infanta Cristina

Los acusados en el banquillo durante el juicio del caso Nóos / ()

El tribunal debe decidir si los contratos del Instituto Nóos en Valencia y Baleares fueron un patrocinio o una prestación de servicios. O lo que es lo mismo: si los 6,1 millones de dinero público que recibieron Iñaki Urdangarin y Diego Torres de las administraciones que dirigían Jaume Matas, Francisco Camps y Rita Barberá deberían haberse fiscalizado o no.

Matas y sus cuatro lugartenientes reconocieron los delitos. El expresident balear se enfrenta a cinco años de cárcel y sus subordinados a penas de dos años sustitutivas por multa. Valencia se ha defendido de las acusaciones porque el contrato era un patrocinio. El exvicealcalde Alfonso Grau y los otros cuatro cargos públicos se enfrentan a penas de entre 6 y 11 años de reclusión.

La Fiscalía sostiene que los dos principales acusados de este fraude celebraron jornadas de turismo y deporte en Valencia y Baleares, se encargaron del patrocinio y la comunicación del equipo ciclista Banesto y organizaron unos fallidos juegos europeos en Valencia con financiación externa pública para ganar dinero. Según el Ministerio Público, la palabra patrocinio no aparece en ninguna parte de los convenios de colaboración que firmaron con la administración. Añade que la práctica totalidad de los servicios para estos eventos fueron prestados por empresas de Torres y Urdangarin que se llegaron a pagar en facturas cruzadas 8 millones de euros. Servicios por importes fuera de mercado. Por eso, pide 19 años y medio de cárcel para el "comisionista", Iñaki Urdangarin -como le llamó uno de los acusados en juicio- y 16 años y medio para el "obsesivo del control" Diego Torres, como le definió otro de sus compañeros de banquillo. Según la investigación, ambos desviaron 4,5 millones de euros de los 6,1 que recibieron de la Administración Pública.

La infanta y la Casa Real

El centro de atención del caso Nóos ha sido Cristina de Borbón. La Fiscalía siempre ha proclamado su inocencia pero el juez José Castro la sentó en el banquillo, avalado por la Audiencia de Palma. La acusación popular, Manos Limpias, le pide 8 años de cárcel como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que se le atribuyen a su marido. Urdangarin, según el fisco, ha defraudado 326.000 euros en los ejercicios 2007 y 2008 al facturar a través de la sociedad Aizoon los ingresos por sus cargos en distintos consejos de administración.

El fiscal Pedro Horrach siempre ha sostenido que ella no era administradora de hecho ni de derecho de la sociedad y llegó a decir que una condena por estos hechos "sería la primera de la historia judicial". Aunque la hermana del rey en el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado, acusados, testigos y peritos no pusieron sobre la mesa ningún elemento que permitiera intuir alguna participación de la acusada en Aizoon. El Ministerio Público la considera partícipe a título lucrativo y pide para ella 587.413 euros que ya ha consignado en el juzgado.

A pesar de que durante la fase de instrucción Iñaki Urdangarin protegió a la Casa Real, su estrategia de defensa dio un giro de 180 grados durante el juicio oral. El cabecilla de este caso aseguró que "no daba un paso sin consultarlo con Carlos García Revenga", entonces secretario personal de las infantas, que despachaba habitualmente con el Conde de Fontao sobre estos asuntos, entonces abogado del rey Juan Carlos, y que un alto funcionario de Hacienda que trabajaba para Zarzuela se encargaba de las declaraciones de renta del matrimonio. En la misma línea su mujer, Cristina de Borbón dijo que nunca pensaron que estuvieran haciendo nada ilegal porque "todo estaba controlado". El matrimonio siguió la misma tesis de defensa que Diego Torres durante toda la investigación. Unas afirmaciones que fueron desmentidas por todos los testigos vinculados a la Casa Real que testificaron en el juicio.

El caso de Madrid

En el banquillo de los acusados también se sentó Mercedes Coghen, exdelegada de Madrid 2016. La oficina que dirigía para tratar de conseguir que la capital organizara las Olimpiadas pagó 144.000 euros a Iñaki Urdangarin para que hiciera lobby con los miembros del COI. Unos trabajos que no figuran en ningún informe, sobre los que no hay ni rastro.

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