La Cámara de Cuentas cifra el quebranto económico de Madridec en 431 millones de euros
La Cámara de Cuentas de Madrid ha remitido a la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento el anteproyecto de fiscalización de la empresa municipal ya extinta ‘Madrid, Espacios y Congresos’ (Madridec), de los ejercicios 2012 y 2013, durante la etapa de la ex alcaldesa Ana Botella
El informe recoge 21 conclusiones sobre contabilidad y procedimientos irregulares y numerosas gestiones económicas muy deficientes. La mayores pérdidas de patrimonio registradas en Madridec se produjeron en el Centro Acuático de Madrid, la Caja Mágica y el Centro Internacional de Convenciones
Madrid
La Cámara de Cuentas de Madrid ha dado por concluida la fiscalización de la empresa municipal Madrid, Espacios y Congresos (Madridec), durante los años 2012 y 2013 y ha remitido el anteproyecto a la concejalía de Hacienda -a fecha del pasado 17 de enero y al que ha tenido acceso la Cadena SER- para que presente sus alegaciones. La empresa municipal entró en pérdidas en 2010 y fue absorbida por el Ayuntamiento en 2013, año de su disolución.
La estructura de Madridec fue creada, diseñada e impulsada por Alberto Ruíz Gallardón. De hecho, el exministro de Justicia y entonces alcalde sometió a la sociedad mercantil a tal endeudamiento que -sumado a la muy cuestionada gestión de los administradores- entró en quiebra. Sin embargo, el informe analiza las operaciones ruinosas que se firmaron en los años de alcaldía de Ana Botella. Las conclusiones más relevantes, 21 en total, apuntan a la gestión deficiente y a la contratación y la contabilidad irregular de enclaves e inmuebles simbólicos de Madrid que formaban parte del patrimonio de Madridec.
En total, según cálculos basados en el anteproyecto, el quebranto económico superaría los 430 millones de euros. Dicho importe incluye la suma de la pérdida del valor de los activos (precios de compra y venta de los inmuebles), los sobrecostes en las obras y las sentencias judiciales que perdió Madridec cuyas cantidades ya están abonadas, además de las pérdidas por la enajenación de inmuebles, los gastos de dichas operaciones y los contratos de alquiler blindados y que cuestiona el organismo fiscalizador.
El mayor agujero se produjo por la pérdida de valor del Centro de Deportes Acuático. Su valor en 2010 ascendía a 166,8 millones de euros y en 2013, tras una tasación encargada por el Ayuntamiento, valía solo 23,5 millones de euros, es decir, 143,4 millones menos. Los consejeros de la Cámara de Cuentas consideran que "no ha sido justificada" la enorme depreciación del Centro Acuático, un 86% menos.
Algo similar ocurrió con la Caja Mágica. El arquitecto Dominique Perrault estimó un coste de 141 millones de euros, la constructora FCC ganó la adjudicación por 85 millones de euros y finalmente la obra ascendió a 206 millones de euros, más del doble del precio de licitación, en total, un 150% de sobrecoste para las arcas públicas. La Cámara de Cuentas reprocha "que no haya sido facilitado ningún informe que justifique" la baja de importe de 2 millones de eutos de las cuentas de septiembre de 2013 registrado en el apartado de 'Construcciones de Inversiones Inmobiliarias'.
Edificios malvendidos
La venta del edificio APOT de Campo de las Naciones, diseñado por el arquitecto Bofill, también supuso pérdidas millonarias para el consistorio de Ana Botella. En 2013 se vendió por 42,4 millones, sin embargo, meses antes de su venta se cambiaron las condiciones del alquiler y se blindó durante diez años. A día de hoy, el consistorio ha pagado 17,1 millones de euros y le quedan por pagar 26,9 millones. El arrendamiento total ascenderá a 44 millones de euros y habrá pagado en 2022, año en el que pierde la propiedad, 1,6 millones de euros más de alquiler del precio al que lo vendió. Además, apunta el informe, el expediente de venta está incompleto.
En cuanto al edificio de Montera 25-27, el anteproyecto concluye que se compró en 2007 por 55,4 millones de euros y se vendió por 34 millones, generando una pérdida de 25 millones de euros. En este caso, falta el expediente de venta al comprador.
Mercamadrid, una inversión ruinosa
En 2010 Madridec negoció explotar el 51% de las acciones de Mercamadrid basado en un informe que estimó –en plena crisis- unos ingresos futuros que resultaron inalcanzables. En total, Madridec desembolsó 187,7 millones de euros y en 2012 había ingresado 4,4 millones de euros. La operación ni siquiera cubrió los 7,2 millones de endeudamiento. A finales de 2013, las pérdidas eran de 6,3 millones de euros.
Tampoco salió mucho mejor la operación del Centro Internacional de Convenciones. Cedido por el Ayuntamiento en 2013, solamente en el concurso de ideas para la construcción se fueron 12 millones de euros –año 2006, año de vacas gordas-. Las obras que se adjudicaron a Acciona y FCC siguen suspendidas y ha supuesto uno de los agujeros más caros para el Ayuntamiento, 60 millones de euros de obra y un suelo inutilizado en plena zona norte de Madrid.
Gastos personales a cuenta de Madridec
Entre las irregularidades detectadas, Madridec pagó a un trabajador en 2013 facturas de hotel, viajes en avión o AVE, taxis al aeropuerto y facturas por manutención en Madrid. El informe destaca que ese trabajador –al que no identifica- vivía precisamente en Madrid y que "estos gastos y pagos" fueron "autorizados por el Consejero Delegado de Madridec". El importe total ascendió a 16.650 euros, de los que 15.085 euros se computaron como "otros gastos sociales" y 1.565 euros en concepto de publicidad, propaganda y relaciones públicas.
El informe denuncia estas "retribuciones que no se debían haber abonado ya que no están incluidas en el contrato, y porque se trata de gastos incurridos por el trabajador en Madrid, ciudad en que la empresa tiene su sede". Además, "estos gastos" causaron un incremento de 'Otros gastos sociales' en un 55'3% con respecto a los de 2012. Cuando el trabajador abandonó Madrid Destino –sociedad que dependía de Madridec- "en ningún caso se tiene constancia de la reclamación e ingreso de los pagos indebidos que se realizaron en 2013".
Contabilidad irregular
El anteproyecto destaca también irregularidades en la extinción de la empresa. Entre los importes registrados como deudas a cobrar, hay uno sobrevalorado en 1,6 millones de euros. Además, hay numerosas incidencias en el registro de ingresos y gastos que presentó Madridec al cierre de 2013 y las cuentas no incluyen los procesos judiciales en los que estaba inmersa.
Empresa pública vs grandes contratistas
El anteproyecto cuestiona que la contratación de Madrid Espacios y Congresos limitara "la libre concurrencia" de la pequeña y mediana empresa al "abusar de criterios de solvencia excesivos", una circunstancia que provocó que "solo algunas grandes empresas pudieran acceder a la licitación", lo que vulnera la ley de contratación pública obligada a "promover la participación de las pymes".
'Default' en el control interno
El control interno de la sociedad Madridec que engloba las actividades, las operaciones y su impacto en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias estaban recogidas en el programa informático 'Navision'. Pues bien, la Cámara de Cuentas señala la falta de documentación clave para dicho control. "Las distintas autorizaciones en las diversas fases de gestión que son visadas, se identifican únicamente mediante siglas" -dice el informe- y no se han aportado "la relación de las personas asignadas para los distintos roles en 'Navision'". Como por ejemplo, los "diversos expedientes o justificantes solicitados por el equipo fiscalizador en el área de personal de diciembre de 2013 y los documentos de autorización del pago de la nómina de los meses seleccionados" apunta.
Tribunal de Cuentas, última parada
Al tratarse del anteproyecto, una vez incorporadas las alegaciones del consistorio, la Cámara de Cuentas de Madrid debatirá en un pleno la incorporación de dichas alegaciones. Una vez aprobado el informe definitivo, el organismo fiscalizador autonómico lo remitirá, por un lado al parlamento madrileño y por otro, al Tribunal de Cuentas para que decida si procede investigar las posibles irregularidades y responsabilidades contables.
Fuentes consultadas por la Cadena SER calculan que el proceso hasta que el informe definitivo llegue al Tribunal de Cuentas puede durar de cinco a seis meses.