El Gobierno "se lava" las manos por otra campaña homófoba de Hazte Oír
En una respuesta parlamentaria a IU, el Ejecutivo asegura que no le corresponde "ni inspección ni denuncia" por el reparto de 100.000 folletos homófobos en 16.500 colegios de toda España a finales del año pasado
Madrid
No es la primera vez que las polémicas campañas de la organización Hazte Oír provocan quejas y denuncias ante las autoridades públicas. En diciembre pasado, la diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, formuló una pregunta por escrito al Gobierno tras el reparto de 100.000 folletos con contenido homófobo en 16.500 centros escolares, públicos, privados y concertados de toda España que la Federación Andaluza Arco Iris puso en conocimiento de la Fiscalía al entender que podía ser constitutiva de un delito de odio.
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El Gobierno, a cuya respuesta parlamentaria ha tenido acceso la Cadena SER, replica a la diputada que Hazte Oír es una entidad privada que no tiene ninguna relación con el Ministerio de Educación y echa balones fuera al asegurar que “no le corresponde iniciar ningún tipo de actuación ni de inspección o denuncia dado que cualquier decisión al respecto entra dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas”. El Ejecutivo añade que “no le consta” la realización de esa campaña dentro del ámbito de su competencia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En los citados folletos, ilustrados con la imagen de dos niños haciendo el saludo nazi frente a una bandera arcoíris, Hazte Oír arremetía contra las leyes autonómicas que combaten la discriminación por razón de género en las aulas. Según la organización responsable de esa campaña, esas normativas “priman la conversión de individuos en homosexuales, relegando a los heterosexuales a ciudadanos de segunda categoría y buscan imponer en la sociedad la ideología de género con el pretexto de la no discriminación”.
En el caso de la ley aprobada en la Comunidad de Madrid con el apoyo de todos los grupos, Hazte Oír consideraba que “vulnera los derechos fundamentales de la población no LGTB” y, en definitiva, entiende que las normativas autonómicas promueven el comportamiento “lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual”, suponiendo por tanto una amenaza para los heterosexuales.