El Congreso aplaza autorizar las actividades privadas de los diputados por falta de consenso
La votación, prevista para este jueves, se antojaba polémica ante el rechazo anunciado por el PSOE a dar luz verde a 38 casos del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos. Los socialistas exigen que los diputados cobren sólo por su trabajo en el escaño
Madrid
Este aplazamiento sin precedentes de un dictamen que ya había sido aprobado en comisión, revela la incomodidad que había producido la petición de los socialistas de votar de forma separada 38 casos de diputados de PP, Unidos Podemos y Ciudadanos sobre los que tenía objeciones, y no en bloque como acostumbra el Congreso a autorizar el siempre polémico y espinoso asunto de las actividades privadas de sus señorías.
La ley prohíbe que los parlamentarios tengan trabajos al margen del escaño, salvo que sean de producción científica, literaria o artística, docencia o la mera gestión del patrimonio personal, pero en la práctica el Congreso suele autorizar actividades privadas remuneradas o no siempre que no supongan contratar con el sector público o los bancos. Es el caso de quienes declaran el ejercicio de la abogacía, como el popular Rafael Hernando o de Pablo Iglesias como director y presentador del programa de televisión Fort Apache. También hay también casos de diputados que declaran actividades de consultoría, administradores de sociedades mercantiles, arquitectos, o actores como los diputados de Ciudadanos, Toni Cantó y Félix Alvarez, 'Felisuco'.
El PSOE cree que la dedicación al escaño debe ser exclusiva y la retribución parlamentaria la única, y por eso había exigido comparecencias detalladas con explicaciones adicionales, además de promover una reforma que permita controlar la declaración de actividades. En la actualidad, nadie supervisa si lo que declaran sus señorías se ajusta al régimen de incompatibilidades ni hay previstas sanciones. Fuentes socialistas atribuyen la decisión de parar la aprobación del dictamen a su presión y confían en que se introduzcan las correcciones necesarias para evitar que se repitan escándalos como los de los diputados del PP, Martínez Pujalte y Gómez de la Serna.
Tras su inédita retirada del orden del día del pleno del Congreso, el dictamen volverá ahora a la comisión del estatuto del diputado para estudiar de nuevo caso a caso y decidir finalmente qué se autoriza a hacer a sus señorías al margen del escaño.