El Congreso da el primer paso para regular los lobbies

Madrid

El pleno del Congreso ha dado luz verde a regular por primera vez la actividad de los llamados “lobbies” o grupos de interés en el Parlamento, atendiendo así una reclamación recurrente del Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Grecco).

El PP presentó una proposición de ley para la reforma del reglamento del Congreso que permita crear un registro público en el que tendrán que inscribirse obligatoriamente aquellos grupos de interés que quieran influir en la toma de decisiones legislativas reuniéndose con diputados o con sus colaboradores. En ese registro deberán hacer constar quienes son, a qué intereses representan, y con quien y para qué quieren contactar, además de depositar una copia de toda la documentación que trasladen al Congreso en el ejercicio de su actividad.

La idea es acabar con la opacidad de una actividad que el PP entiende legítima pero que sin control puede convertirse en terreno abonado para irregularidades y corruptelas, por eso a los lobbies, se les exigirá también un código de conducta, según explica la diputada encargada de defender la iniciativa, Alicia Sánchez Camacho. “El objetivo es dar garantías de que esta actividad, por otro lado legítima para que la sociedad civil pueda participar de las decisiones legislativas, se realice de forma transparente y con pleno respeto a la legalidad. Por eso, si se demuestra alguna actuación irregular que vulnere el código ético, no sólo serán expulsados del registro de lobbies sino que se podrían activar los procedimientos penales establecidos en el ordenamiento jurídico, bien sean por tráfico de influencias o cohecho”, asegura Sánchez Camacho.

La propuesta plantea que los lobistas se comprometan a no comercializar los datos que obtengan del Congreso, salvo que sean públicos, a no tratar de obtener decisiones políticas de forma deshonesta o incitar a los diputados a infringir las normas de comportamiento que les son aplicables, ni tampoco dar a entender a terceros que tienen una relación formal ni personal con diputados de la cámara.

La iniciativa del PP ha salido adelante con amplio respaldo parlamentario aunque varios grupos, como el PSOE, anuncian enmiendas porque consideran que se queda corta, y reclamarán que la regulación de los lobbies no se limite al Congreso sino que se amplíe al poder ejecutivo, para que los altos cargos de la administración también tengan que rendir cuentas de su relación con grupos de interés.

La proposición de ley deja en manos de la presidencia del Congreso, con el acuerdo de todos los grupos políticos, garantizar la publicidad del registro y el modo en que los ciudadanos puedan acceder a su contenido, preservando eso sí los datos que por ley deban mantenerse con carácter reservado.