Los nuevos magistrados del Constitucional piden tiempo para meditar su voto en la elección del presidente

Madrid

Durante la toma de posesión de los nuevos magistrados, designados por el Senado -Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer-, todo el mundillo jurídico dio por buena la cita para este viernes en pleno en el que se realizaría la votación para elegir al presidente y vicepresidente del Organismo.

Hasta el departamento de comunicación había convocado a los periodistas para enviar una nota con el resultado de la votación. Sin embargo, algunos de los magistrados recién incorporados plantearon retrasar la votación para poder conocer, ya desde dentro, las opciones en las votaciones o quienes serían los mejores candidatos para los dos puestos de mayor responsabilidad en el tribunal.

El conservador Juan José González Rivas y la magistrada Encarnación Roca son los nombres que en principio parecen concitar más apoyos entre sus compañeros para ocupar estos puestos.

González Rivas procede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y pese a su perfil conservador tiene una imagen más moderada que Ollero. Fue uno de los magistrados que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual.

También fue miembro de la Junta Electoral Central en 2010, donde votó a favor de la prohibición de las "concentraciones y reuniones" que el Movimiento 15-M convocó para la jornada de reflexión y la de votaciones de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2010

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Encarnación Roca fue la primera catedrática de Derecho Civil en España y la cuarta mujer que accedió al Tribunal Supremo, en el año 2005. Es una de las magistradas del Constitucional que firmó la suspensión de la ley de consultas y el proceso de participación del 9 de noviembre en 2014, lo que hizo que la Universidad de Girona se llegase a plantear retirarle el título de doctora 'honoris causa' otorgado en 2012.

Además, fue la ponente de la sentencia que afirmaba que el artículo 1 de la Ley que prohíbe la celebración de corridas de toros en Cataluña es inconstitucional.