Siete meses de suspensión a un guardia civil de Zamora por trabajar para una funeraria sin permiso
El Tribunal Supremo confirma la sanción impuesta a un agente de la Policía Judicial de Zamora por haber estado trabajando para la funeraria de su pareja sin pedir la compatibilidad necesaria
EFE
Madrid
El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la sanción de siete meses de suspensión de empleo a un agente de la Guardia Civil de Zamora por haber estado trabajando para la funeraria de su pareja sin solicitar la compatibilidad correspondiente. Los magistrados de lo militar explican que el problema no es que la actividad sea incompatible, sino que ni siquiera solicitó el permiso necesario para trabajar para la empresa de su pareja y su suegro.
Según los jueces, éste agente de la Policía Judicial de la Comandancia de Zamora estuvo trabajando para la funeraria que regentaban su pareja y su suegro entre 2012 y 2013. Durante este tiempo, estuvo trabajando activamente para la empresa Servicios Funerarios Zamoranos S.L. Además de ofrecer sus servicios a una persona que acababa de perder un familiar, también participó en dos reuniones: una, en febrero de 2012, con el entonces concejal de Urbanismo – entonces el ‘popular’ Feliciano Fernández – para discutir las zonas de colocación de esquelas funerarias, y la segunda medio año más tarde con más empresarios.
Los jueces avalan la sanción que le impuso la Dirección General de la Guardia Civil, avalada también posteriormente por un Tribunal Militar Central por una falta muy grave de “desarrollar cualquier actividad que vulnere las normas sobre incompatibilidades”, contenida en el artículo séptimo de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
Los jueces también desestiman uno de los argumentos del recurso del agente: que todo este proceso sancionador partía de unas “disputas entre empresarios del ramo”, asegurando que dos testigos, empresarias del sector, no fueron objetivas en el proceso.
Según explica la empresa Servicios Funerarios Zamoranos en su página web, entre 2012 y 2015 han sido los adjudicatarios, por parte del Ministerio de Justicia y su Delegación Territorial, del servicio judicial de recogida de cadáveres en la provincia, siendo una de las principales empresas del sector en la región, con “trece tanatorios en toda la provincia”.
