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Financiación ilegal de partidos

El caso Filesa, según Alfonso Guerra

El ex vicepresidente del Gobierno explicó en su libro de memorias como un banquero les dijo: "Proporciónenme una empresa con la que podamos contratar algunas actividades que les reporten unos beneficios"

El ex vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, rodeado de periodistas, a su salida del Tribunal Supremo, cuando declaró como testigo en el juicio del 'caso Filesa' en 1997. / EFE/J.L. Pino

El ex vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, rodeado de periodistas, a su salida del Tribunal Supremo, cuando declaró como testigo en el juicio del 'caso Filesa' en 1997.

Madrid

El caso Filesa destapó el primer caso relevante de financiación ilegal de un partido político en democracia. Un juez investigó las cuentas del PSOE y descubrió ingentes cantidades de dinero con las que se financió este partido a través de distintas empresas de su órbita. Lo que sigue es el relato de Alfonso Guerra, con algunas acotaciones informativas, sobre el caso Filesa que incluyó en su libro de memorias titulado Una página difícil de arrancar, editado por Planeta.

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¿Qué es Filesa?

Para aclarar bien las circunstancias es preciso centrar la atención en dos elementos separados que en un momento concreto se unirán facilitando la conflagración final. ¿Qué era Filesa? ¿Qué conocíamos nosotros de Filesa? Muchos años antes me visitó Joan Reventós, dirigente del PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña, para exponerme las actividades, todas ellas legales, que realizaban con un conjunto de empresas mercantiles creadas para obtener algunos beneficios que destinar a los gastos que generaba la actividad política del partido en Cataluña. Extendió en mi mesa un desplegable con un esquema de las pequeñas empresas que habían creado, con el objetivo de que conociera qué actividades tenían esas empresas por si el partido, en el ámbito nacional, tenía necesidades que pudieran ser cubiertas, encargos para las empresas legales. Le contesté con mi teoría general. A mi parecer los partidos políticos no deberían tener otras actividades que las que la Constitución les asigna en su articulado 6, instrumento para la participación política. Mi creencia es que las actividades mercantiles no les son propias, y además no acostumbran a hacerlo con eficiencia. Plegué el esquema y se lo devolví sin siquiera detenerme a contemplarlo. Resultará difícil de entender para algunos que estallado el asunto en la prensa el presidente del Gobierno declarase que no sabía de Filesa más que lo que había leído en los periódicos. Pero decía la verdad. La mitología del poder ha promocionado la creencia de que los Gobiernos están enterados de todo lo que ocurre, y tal aseveración es manifiestamente huera. La ignorancia de algo que pasa cerca de un Gobierno —de cualquier Gobierno— es más frecuente de lo que la gente cree. Particularmente, yo no había oído siquiera hablar de Filesa, ignoraba absolutamente su existencia y por lo tanto no podía tener constancia alguna de que estuviese relacionada con el PSOE. ¿Cuál fue esa relación?

El referéndum de la OTAN y las necesidades de financiación

Hemos de retroceder al año 1986, cuando se convocó y celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE había cambiado su posición, de contrario a ingresar en la Alianza pasó a ser partidario de permanecer en ella. Los datos de la realidad —la perestroika de Gorbachov anulaba la confrontación OTAN-Pacto de Varsovia, los requisitos de compromiso con la defensa europea que sutilmente expresaban los Gobiernos europeos para confirmar la presencia de España en la Comunidad Económica Europea…— habían hecho meditar a los socialistas y madurar en la idea de que los intereses de la nación aconsejaban la permanencia en la estructura de defensa. Por otra parte, el Gobierno estaba comprometido a que esa decisión fuese adoptada por los ciudadanos. Se convocó un referéndum y el PSOE se encontró solo contra todos: comunistas, izquierda extraparlamentaria y un numeroso grupo de intelectuales irrumpieron con agresividad en la campaña promocionando el NO en la consulta; y la derecha; el Partido Popular (entonces Alianza Popular) de Fraga Iribarne, olisqueando su última y peculiar forma de llegar al Gobierno (el fracaso en el referéndum obligaría al Gobierno a retirarse), hizo campaña para que sus seguidores se abstuviesen en el referéndum. Así pues, a favor de la permanencia quedó solitario el PSOE. Esa soledad nos conducía inexorablemente a hacer una intensa campaña, pero carecíamos de recursos económicos para ella. El problema se agravaba en cuanto la legislación no preveía subvenciones públicas para las consultas referendarias. Recurrimos a préstamos bancarios, lo que nos endeudó fuertemente. Cuando se conocieron los resultados (sobre un censo de 29 millones de electores, votó el 59,42% -17,2 millones-. El SÍ a la OTAN obtuvo el 52,5% de los votos frente al 39,85% de noes, un 6,54% votó en blanco y un 1,11% fueron declarados nulos.) los responsables de los bancos prestatarios comentaron reiteradamente que no era justo que el único partido que había arriesgado políticamente por defender los intereses generales quedase además en situación económica onerosa. Estos repetidos comentarios inducían a pensar que los bancos estarían dispuestos a compartir los gastos del referéndum, pero nunca plantearon la condonación de nuestras deudas ni cualquier otra alternativa. Hasta —pienso yo— que llegó el 14 de diciembre de 1988, y los responsables financieros y empresariales se asustaron del resultado de la huelga general que paralizó el país.

Hicieron sus cuentas: cuando están en juego los intereses de la nación (salida de la OTAN y sus consecuencias europeas) y cuando el país queda paralizado, sólo el PSOE aguanta el envite. La derecha promociona la derrota en el referéndum y alienta y jalea la huelga general. No queda otro sostén que garantice la estabilidad del país que el Partido Socialista. Ergo “lo tenemos que ayudar, al menos para paliar el estrangulamiento ocasionado por las deudas contraídas en las actividades que exigía la defensa del beneficio general de los españoles. Expresaron su voluntad de apoyo económico, pero no tenían instrumento para hacerlo, dado que no podían informar a sus accionistas de que ayudaban a los socialistas; sí lo habían hecho y reiteradamente y con cifras astronómicas a los intentos de la derecha para desbancar al PSOE.

La propuesta de Alfonso Escámez

La propuesta, encabezada por Alfonso Escámez (presidente del Banco Central), fue: proporciónenme una empresa con la que podamos contratar algunas actividades que les reporten unos beneficios. El PSOE no contaba con empresa alguna. Alguien, tal vez Carlos Navarro, que se ocupaba de los asuntos económicos del Grupo Parlamentario, debió de susurrar: el PSOE no, pero el PSC sí. Y así aparece Filesa en escena, a la que se encargan unos estudios dudosamente necesarios para el contratante, que se elaboran, se entregan y a veces se los hace desaparecer por inaplicables. Así, los banqueros hacen pagar proyectos y análisis por valor de 400 millones de pesetas, una bagatela en comparación con las ayudas entregadas a la derecha.

De hechos como éstos nada queda en documentos que uno pueda consultar, pero haber hablado con muchos de los que podían conocer el asunto, más la experiencia y la intuición, me hacen asegurar que fue así como sucedieron aquellos hechos.

Y tal operación dio lugar a centenares de miles de páginas que acusaban al PSOE de grave corrupción, lo que influyó en la organización interna del partido hasta provocar una división.

 
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