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El Tribunal Constitucional advierte a Puigdemont que no gaste dinero público para el referéndum

El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad los presupuestos de la Generalitat diseñados para reservar dinero para la consulta soberanista de septiembre y advierte al president Puigdemont y 19 cargos de la Generalitat de las eventuales responsabilidades, "incluida la penal", en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia.

El Tribunal Constitucional suspende la disposición de los Presupuestos de la Generalitat / VÍDEO: ATLAS

Madrid

El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno y por tanto, de forma automática han acordado la suspensión de algunos artículos y apartados de presupuesto de la Ley del Parlamento de Catalunya para 2017 por incluir partidas económicas destinadas a la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña.

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La admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno comporta la suspensión inmediata, al menos durante los próximos cinco meses, de los artículos de los presupuestos Catalanes que pretendían reservar el dinero necesario para celebrar la consulta secesionista. Esas partidas han quedado bloqueadas, lo mismo que la ley que permitía al gobierno recaudar los fondos necesarios para garantizar la organización de la consulta prevista para septiembre.

Advertidos

El Tribunal de Garantías ha decidido además, que se notifique “personalmente” su orden de suspensión al president, Carles Puigdemont, a todos los consellers, así como a los secretarios del Govern y de Vice presidencia, a la interventora general de la Generalitat, al director de contratación y al director general de Presupuestos, estos últimos al ser los encargados de autorizar y llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria. Se trata del secretario general del Gobierno catalán, Joan Vidal; José María Jové, secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda; Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat; Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública, y Anna Tarrach, directora general de Presupuestos de la Generalitat.

El tribunal de garantías les advierta de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada» y, en particular, «que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia, con el fin de cubrir cualquier gasto derivado de la celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada».

Tanto el Consejo de Garantías catalán (órgano consultivo de la Generalitat) como los letrados del Parlament catalán han coincidido en la ilegalidad de esta partida en las cuentas catalanas, aunque el Govern de Carles Puigdemont ha insistido en su intención de convocar ese referéndum.

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