Sábado, 10 de Abril de 2021

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España defiende ante Estrasburgo el derribo de una chabola en la Cañada Real

La Abogacía del Estado alega ante el Tribunal de Derechos Humanos que el derribo de una chabola habitada por una pareja con dos hijos menores de edad en 2007 se hizo "conforme a la legalidad urbanística" y cumpliendo todos los trámites

Vecinos de la Cañada Real paralizan el derribo de una chabola en 2011

Vecinos de la Cañada Real paralizan el derribo de una chabola en 2011 / David Callejo

Hace diez años la Cañada Real Galiana era testigo de una auténtica batalla campal: más de veinte agentes antidisturbios eran heridos cuando las excavadoras intentaban derribar una infravivienda donde vivían una pareja con sus dos hijos pequeños. Hombres, mujeres y niños se enfrentaban a las fuerzas de seguridad por una demolición que hoy está en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): la Abogacía del Estado ha hecho llegar un escrito a Estrasburgo defendiendo este derribo, asegurando que las autoridades españolas "actuaron con la máxima prudencia".

El derribo se produjo apenas unos días después de que las excavadoras convirtieran en escombros otras cuarenta infraviviendas. Javier Rubio, abogado de la familia, llevó el caso ante Estrasburgo después de recibir la negativa de todos los tribunales españoles: la primera infravivienda fue tirada en 2007 con Gallardón al frente del consistorio y la segunda en 2011 en los últimos meses de su mandato, y el letrado considera que se han vulnerado los derechos humanos de la familia.

En un escrito de medio centenar de folios remitido al TEDH, la Abogacía del Estado defiende este derribo asegurando que todo se realizó conforme a la legalidad, tanto en el aspecto administrativo como después por la vía judicial. En sus conclusiones finales explica que "las autoridades españolas actuaron con la máxima prudencia, concediendo las máximas garantías" y asegurando también que la infravivienda se derribó "conforme a la legalidad urbanística vigente".

"Movimiento 15M e indignados"

La Abogacía del Estado describe su versión de los hechos y el recorrido de este procedimiento de derribo desde su comienzo. Aseguran que el caso de esta familia no era igual "al de quienes llevaban muchos años residiendo ilegalmente en la Cañada Real", destacando que vivían en España de forma legal "teniendo cubiertos gratuitamente los servicios sanitarios y la educación de sus hijos" y destacando que el padre ganaba "casi el doble" del salario mínimo interprofesional en ese momento.

Destaca positivamente el escrito que las autoridades actuasen siempre como si ésta infravivienda fuese la única alternativa habitacional de la familia cuando, dice, tenían a su alcance el local donde el hombre desarrollaba su actividad profesional de impermeabilización y aislamiento en Vallecas. También que en ningún momento pidieron una vivienda municipal al Ayuntamiento de Madrid: en seis años no le tocó una casa del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, y no aportó la documentación necesaria para optar a una por especial necesidad.

(2007) BATALLA CAMPAL EN LA CAÑADA

Decenas de vecinos se enfrentaron en 2007 con la Policía durante el derribo de una infravivienda

La Abogacía del Estado también pone encima de la mesa los enfrentamientos entre vecinos y Policía el día del desalojo y derribo protagonizados por "manifestantes ilegales" en 2007. Cuando describe el derribo de 2011, destaca que "la vivienda ilegal estaba siendo objeto de ocupaciones y movilizaciones por el 'movimiento 15M e indignados".

Proceso abierto en Estrasburgo

España se ha visto obligada a dar estas explicaciones ante el TEDH después de que la Justicia europea haya decidido estudiar el caso de esta familia.

No es la primera vez en que la intención del Ayuntamiento de Madrid de derribar una infravivienda en la Cañada Real llega a las instancias europeas: en diciembre de 2014 Estrasburgo desestimó el recurso interpuesto por otro matrimonio de origen marroquí que vivía con su hija menor de diez años en la Cañada. En ese caso, los jueces del TEDH tuvieron en cuenta que la casa nunca llegó a ser demolida y que, además, posteriormente las autoridades implicadas en la gestión el poblado (los consistorios de Madrid, Rivas, Coslada y el gobierno regional) habían puesto un acuerdo en marcha.

En la actualidad, es un Comisionado el que trabaja por una solución para esta zona de Madrid, pendiente de presentar un borrador definitivo.

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