El Gobierno se abona al veto

Madrid

Los vetos eran hasta ahora algo poco habitual en el Congreso, pero la debilidad parlamentaria del Partido Popular las ha convertido en más que frecuentes en esta legislatura. En los nueve meses que han transcurrido desde que se constituyeron las Cortes, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado 28 iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos. El último caso ha sido el de la ley para cerrar las centrales nucleares. El ejecutivo ha comunicado al Congreso que vetará su tramitación parlamentaria con el argumento, una vez más, de su efecto presupuestario.

El Gobierno de Rajoy ha elegido este procedimiento para subsanar su minoría en la cámara baja, ya que le permite tumbar iniciativas de la oposición escudándose únicamente en las consecuencias económicas. En los últimos meses, iniciativas como la supresión del impuesto al sol, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o la supresión de las tasas judiciales han corrido la misma suerte. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, decía hace un mes que "no tiene sentido" presentar iniciativas que impliquen incrementos de gasto sin hacer referencia a cómo se van a obtener esos recursos.

Esta actitud ha sido duramente reprochada por parte de la oposición. Íñigo Errejón, entonces portavoz parlamentario de Unidos Podemos, decía en noviembre que el Gobierno tenía dos opciones: "puede aceptar que está en minoría y que tiene que negociar o puede intentar atrincherarse y amenazar con el Tribunal Constitucional para que la Mesa impida que nosotros hagamos nuestro trabajo". En diciembre, el portavoz socialista, Antonio Hernando, aseguró que el Gobierno estaba haciendo un uso "absolutamente improcedente de la capacidad de veto" y criticó que lo empleara "en perjuicio de los ciudadanos" al bloquear la iniciativa para subir las pensiones.

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha seguido tirando de vetos a pesar de tener encima de la mesa un informe de los servicios jurídicos del Congreso en el que defienden que este recurso debería ser excepcional para no impedir el funcionamiento del poder legislativo. Pablo Iglesias le afeó esta actitud al presidente del Gobierno en una sesión de control de hace tres semanas. "A usted el informe de los letrados se la bufa porque lo importante ya lo tiene atado", le echó en cara el líder de Podemos en alusión a la negociación de los presupuestos.

De los 28 vetos registrados hasta la fecha por el ejecutivo, en sólo dos casos la Mesa del Congreso desoyó el escrito de disconformidad: la paralización de la LOMCE y la equiparación las condiciones de los trabajadores de subcontratas. El Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para asegurar su derecho "a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos". "Es una regla esencial del juego en cualquier parlamento democrático", aseguró el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Este enfrentamiento judicial todavía está pendiente de sentencia.