Nace la red de mujeres y gais contra la legalización de los vientres de alquiler

Madrid

Más de 50 organizaciones de mujeres, feministas, activistas y algunos colectivos de gais y lesbianas han constituido la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y contra el mercado de cuerpos de mujeres para la explotación reproductiva.  Sus promotoras aspiran a aglutinar en las próximas semanas a centenares de asociaciones y convertirse en una plataforma similar a la de "Nosotras Decidimos" que consiguió tumbar la contrarreforma del aborto de Gallardón.

Dicen que su objetivo es "dar a conocer a la sociedad todo lo que se esconde detrás de esta práctica ilegal en España, que no es otra cosa que servirse del cuerpo de las mujeres como si fuésemos tanques criogénicos, como auténtico ganado para satisfacer el deseo de unos cuantos". Son palabras de Sonia Lamas, la presidenta de Enclave Feminista.

"Queremos dejar claro que no somos incubadoras, ni vasijas, ni úteros o vientres de alquiler: somos mujeres, vidas humanas con las que pretenden montar un nuevo negocio que lucrará a las fuerte y someterá a las mas débiles" señala el comunicado de presentación de la red en el que se denuncian las "fuertes presiones del Lobby que pretende legalizar en España la industria que comercializa con las capacidades reproductivas de las mujeres".

Su primera movilización será una concentración coincidiendo con la feria de la gestación subrogada, la Surrofair 2017, que se va a celebrar el 6 y 7 de mayo en Madrid. Está organizada por la revista Babygest y se dedica a promocionar una práctica que es ilegal en España: las clínicas y las agencias de países como Estados Unidos o Ucrania tratan de captar clientes para alquilar los vientres. "Las autoridades públicas deberían prohibir con la normativa vigente en la mano la celebración de esta feria porque las mujeres no pueden ser objeto de una transacción comercial" pide la filosofa y portavoz de la plataforma No Somos Vasijas Alicia Miyares.

Miyares explica que uno de los motivos para rechazar la legalización de los vientres de alquiler: es una "práctica que exige la renuncia a un derecho fundamental de la mujer: el derecho a la filiación y la custodia del hijo ¿se imaginan ustedes un contrato que exigiera a la parte que lo firma que tuviera que renunciar de manera irrevocable al voto?". Esta filosofa asegura que estamos ante contratos "abusivos, desproporcionados" y que en ningún caso es una "técnica reproductiva y ningún deseo por muy maravilloso que sea puede exigir utilizar el cuerpo de terceras personas, en este caso de las mujeres".

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A la Red se han sumado algunos colectivos homosexuales como Somos Diferentes LGTBI+H o el Comité Reinvindicativo y Cultural de Lesbianas. "Se quiere hacer pasar como un derecho LGTB algo que es explotación reproductiva" según Ramón Martínez. Este representante del colectivo añade que "gran parte del movimiento no estamos de acuerdo con esta práctica porque conculca derechos de las mujeres".

El Partido Feminista ya denunció el año pasado ante el juzgado y ante el ayuntamiento de Madrid la Surrofair al considerar que se trata de un evento que "fomenta el tráfico de personas y la venta de niños". La abogada Elena Rábade destaca que las mujeres no son libres cuando recurren a esta práctica y se pregunta "¿es libre una persona que tiene hambre y que está pasando necesidades para decidir sobre su cuerpo, realmente tiene libertad para alquilar su cuerpo?".

Sobre la regulacion de un sistema altruista como el de Canada, Reino Unido o el que propone Ciudadanos, Alicia Miyares se ha mostrado contundente al decir que es una "trampa, una mentira y una tapadera para garantizar un reconocimiento inmediato en España del registro de los niños gestados por vientres de alquiler con el objetivo de eliminar los problemas y tramites burocraticos a los que se tienen que enfrentar quienes recurren en el extranjero a esta técnica". Y concluyen animando a la adopción.