Política
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mariano Rajoy pone a Manuel Cobo al frente de la Oficina Anticorrupción del PP

El exvicealcalde fue suspendido de militancia en 2009 por denunciar, cuando nadie lo hacía, algunas de las corruptelas del Gobierno de Esperanza Aguirre

El PP ha tardado cuatro meses en poner en marcha este órgano que prometió con la aprobación de sus nuevos Estatutos

Manuel Cobo, en los estudios de la SER. / JAVIER JIMÉNEZ BAS

Madrid

El exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se pondrá al frente de la Oficina del Cargo Popular. Este órgano figura en los Estatutos que la formación conservadora aprobó el pasado mes de enero en su Congreso Nacional. Los populares han tardado cuatro meses en responder a su compromiso y, al final, lo han hecho acuciados por los escándalos de corrupción, en plena Operación Lezo y ante las nuevas revelaciones de la trama Púnica.

Esta oficina, según cuentan en Génova, esta destinada a tener "una función fiscalizadora". En ella se van a escuchar y valorar todas las denuncias que lleguen a la sede nacional. Su objetivo es frenar cualquier actividad irregular que se detecte. Y para "vigilar y prevenir", Mariano Rajoy ya ha elegido a su equipo. Tres personas con Cobo, a la cabeza. Un político cuya trayectoria se vio ligada durante años a la de Alberto Ruiz Gallardón. En 2004 intentó presentarse como candidato a la presidencia del PP de Madrid frente a Esperanza Aguirre, pero se retiró porque no logró los avales necesarios.

En 2009, cargó contra ella de tal forma en una entrevista en El País, que fue suspendido de militancia durante diez meses.  "Es de vómito lo que personas cercanas a Aguirre hacen con Rato", dijo Cobo en el diario. "Nunca vi tanta hipocresía", señaló en plena batalla entre la Comunidad y el Ayuntamiento por el control de Caja Madrid. Después en un Comité Ejecutivo Nacional, se reafirmó. Justificó cada una de sus críticas sin mayor petición de disculpas que la de haberlas hecho fuera de los órganos del partido.

En este marco, además, llegó incluso a decir que temía por sus hijos porque funcionarios de Madrid le estaban siguiendo. Él bautizó como "gestapillo" el caso del presunto espionaje a politicos del PP madrileño entre 2008 y 2009. Pero hoy el escenario es bien distinto. Aguirre ya no tiene ningún poder. Hace unas semanas dimitió por tercera vez, abandonando su cargo municipal. Y sus lugartenientes, Francisco Granados e Ignacio González, están en la cárcel.

Cobo se retiró de la primera línea política tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 por razones personales. Y ahora, con su vuelta, lo único que a algunos populares les inquieta es que su nombre salte en algún informe de la UCO o que se complique una denuncia que presentó Manuela Carmena. El consistorio llevó a la Fiscalía Anticorrupción el convenio que en su día se hizo para la celebración del Open de Tenis de Madrid. Él era consejero delegado de una de las extintas empresas públicas que lo cerró. Ahora se está analizando si se admite a trámite, pero eso no ha sido obstáculo para que Rajoy confíe en él y le ponga una estrella como nuevo sheriff de Génova.

EL PP BUSCA AHORA MAYOR AUTOCONTROL

Desde 2009 que estalló el caso Gürtel, el Partido Popular ha dado muchas vueltas. Sus cargos empezaron diciendo que todo era "una conspiración política" contra su partido y Rajoy terminó pidiendo perdón en el Senado por haber nombrado tesorero a Luis Bárcenas. Desde entonces, se han activado varias medidas para luchar contra la corrupción, se aprobó un código ético, se exigió una carta de compromisos. Pero sólo ahora, ocho años después, el presidente del Gobierno se decide a poner en marcha una oficina anticorrupción de control interno. Esta contará con tres personas sin cargo público ni orgánico. A ellas les corresponde "vigilar y prevenir" que no haya más casos de corrupción. Entre sus funciones, tendrán que controlar los datos fiscales de sus compañeros y velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. Si durante su supervisión detectan cualquier irregularidad tendrán que ponerlo en conocimiento del Comité de Derechos y Garantías. A este órgano corresponde, en cualquier caso, la última palabra.

 
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