La Fiscalía rechaza excarcelar al expresidente del Barça Sandro Rosell

Madrid

Los fiscales de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota y María Antonia Sanz Gaite, han presentado ante la Sala de lo Penal un contundente escrito por el que se oponen a la libertad provisional del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, encarcelado desde el pasado 24 de mayo por los delitos de blanqueo y organización criminal.

Los fiscales fundamentan su decisión en que existe un elevado riesgo de fuga, ya que Rosell carece de arraigo en España y tiene numerosos bienes y negocios en paraísos fiscales, y en la gravedad de las penas, que pueden alcanzar los nueve años de cárcel. Tampoco le sirve al ministerio público que tal y como ha alegado Rosell, sea un hombre conocido "a nivel planetario". Recuerda que muchos otros se han sustraído de la acción de la justicia a pesar de ello.

Además, recalcan que existen conversaciones grabadas entre el propio Rosell y el también investigado expresidente de la federación brasileña de fútbol, Ricardo Teixeira, en las que hablan de los lugares más seguros para eludir a la justicia.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido probar, a juicio de la Fiscalía, que Rosell cobró una comisión de 6.580.000 euros del fraude total de 14.9 millones por hacer de tapadera de Ricardo Teixeira entre los años 2007 y 2011.

Para ello, Rosell empleó testaferros y dos empresas, Uptrend y Regata, que constituyó respectivamente en los paraísos fiscales de New Jersey y Panamá, y cuentas en Andorra. Allí llegó el dinero procedente en parte de Suiza, para repartírselo entre los investigados.

Los hechos que se investigan son el supuesto fraude en la venta de los derechos de imagen de 24 partidos de fútbol de la selección brasileña. Una empresa qatarí los adquirió, pero a cambio pagó la comisión de 14.9 millones de euros para el presidente de la federación brasileña, Ricardo Teixeira. Rosell fue el intermediario y testaferro del brasileño, percibiendo por ello la comisión de 6.5 millones.

Rosell y su testaferro Shahe Ohannessian, de origen libanés, han negado los hechos y alegado que los trabajos fueron realizados. Pero sus empresas ni siquiera tenían empleados o actividad.

"Solo el respeto al derecho de defensa impide sentirse faltado al respeto" ante "semejante y peregrina explicación", dicen los fiscales, quienes reclaman que continúe en prisión provisional incondicional.