La nueva ayuda para jóvenes pagaría con dinero público el 45% de los sueldos de los contratados

El anuncio de la ministra de Empleo de que el Gobierno prepara una ayuda de 430 euros al mes para los jóvenes a los que se les haga un contrato para la formación y el aprendizaje en el marco del programa europeo de la Garantía Juvenil está todavía por terminar de perfilarse pero, en sus líneas generales, dibuja una fórmula de cofinanciación salarial por la que empresarios y estado se reparten casi a medias el coste de proporcionar un salario digno al empleado. Todo, porque esa figura contractual, pensada para los menores de 30 años sin titulación, permite al empleador pagar al trabajador durante el primer año de vigencia del contrato un 75% del Salario Mínimo. Como el salario mínimo está en 707 euros al mes, eso supone una retribución de 530 euros mensuales; los 430 que facilitaría además el Gobierno supondrían por tanto un 45% de una retribución total de 960 euros al mes. Según la ministra Fátima Báñez, el programa se definirá más en las próximas semanas, tras recabar la opinión de empresarios, sindicatos y Comunidades Autónomas, pero la idea de apoyar con dinero público los contratos más precarios alarma a priori a los sindicatos, que creen que una ayuda de carácter tan general como el que se dibuja desnaturaliza la relación laboral: “no es una forma sana de retribuir el empleo: el empleo debe ser retribuido por el empleador, y el salario tiene que ser suficiente, justo, adecuado y negociado, no dependiente de que haya una figura de complemento o no”, explica Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO. El contrato para la formación y el aprendizaje estaba pensado originalmente para jóvenes menores de 25 años sin titulación que compatibilizarían empleo con formación para acabar consiguiendo un certificado de profesionalidad. Esa formación se podía realizar en un centro especializado o en la propia empresa, y debe representar como máximo el 25% del tiempo en el primer año, y el 15% en el segundo y en el tercero (la duración máxima del contrato son 3 años). Así, como el tiempo de trabajo real es del 75% el primer año y del 85% en el segundo y en el tercero, al empresario se le permite pagar ese mismo porcentaje del salario mínimo a sus trabajadores. Con la reforma laboral de 2012, el Gobierno quiso utilizar este tipo de contrato como puente para facilitar la contratación de los jóvenes, así que amplió hasta los 30 años la edad a la que se podían celebrar estos contratos, además de proporcionarles fuertes bonificaciones a la Seguridad Social a los empresarios por firmarlos. El resultado fue una explosión de este tipo de contratación, que pasó de los 60.000 contratos al año que se firmaban hasta 2012 a los 175.000 que se alcanzaron en 2015. A partir de ese año, como el límite de edad volvió a bajar hasta los 25 años y este tipo de contrato compite con otros que también dan importantes ventajas a los empresarios, como el contrato de emprendedores, su uso se redujo: en 2016 se firmaron 46.000 contratos de formación y aprendizaje, y en 2017 se han firmado hasta mayo 18.975. Por otro lado, la medida anunciada por Fátima Báñez en Luxemburgo es un nuevo intento de relanzar en España la Garantía Juvenil, el programa europeo para lograr que los jóvenes parados cuenten con empleo o formación, que lleva en activo desde 2014 sin producir grandes resultados. De hecho, tan pocos daba que los potenciales destinatarios ni se apuntaban, y para remediarlo en diciembre pasado se cambió la ley para incorporar automáticamente al sistema básicamente a todos los parados menores de 30 años que se apunten al paro, lo que ha permitido pasar en 6 meses de 400.000 a 600.000 inscritos.