La Fiscalía mantiene 10 años de inhabilitación para la diputada del PP María Antonia Garbín
Visto para sentencia el juicio en el que la diputada del PP se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada
María Antonia Garbín, en una fotografía de archivo. / EFE
Melilla
Ultima sesión oral del juicio por el caso abogados en el que María Antonia Garbín, del Partido Popular, ocho técnicos de la Consejería de Bienestar Social y 4 letrados se enfrentan hasta 10 años de inahbilitación por un presunto delito de prevaricación continuada al contratar a dedo a cuatro abogados durante más de 10 años.
El Interventor Delegado del Estado ha asegurado que se han incumplido hasta cuatro artículos de legalidad en estas contrataciones y ratifica el fraccionamiento. Desde su punto de vista, teniendo en cuenta que el informe de necesidad marcaba de forma superflua, según el testigo, las mismas funciones, se tendría que haber realizado un mismo contrato para los cuatro abogados y con un mayor tiempo de duración. Además ha asegurado que en los anexos del muestreo del Tribunal de Cuentas desde el año 1998 hasta el 2013 no aparece la fiscalización de ninguno de estos contratos menores, por lo que no podía evidenciar ilegalidades. Se ha reafirmado en la posibilidad de que la Consejería de Administraciones Públicas podría sacara adelante un contrato mayor.
El segundo testigo forma parte del servicio jurídico de la ciudad autónoma y ha asegurado que nunca ha tenido noticias por parte de la Consejería de Bienestar Social para ayudarle en determinados aspectos. Este letrado asegura que los tres abogados del servicio jurídico eran suficientes para realizar el trabajo, hecho que ha negado otro testigo perteneciente también al servicio jurídico de la ciudad autónoma.
Finalizadas las declaraciones, la acusación ha formulado sus conclusiones. La Fiscalía ha mantenido las penas de entre 9 y 10 años de inhabilitación para María Antonia Garbín y los ocho técnicos de la Consejería al cosiderar que existen pruebas de cargo más que suficientes en la presunta prevaricación continuada.
Por su parte ALA (Asociación Libre de Abogados) ha pedido que la inhabilitación para Garbín también afecte a su puesto como diputada y se ha reafirmado en las penas, incluyendo las de los letrados por los que se pedía 4 años de inhabilitación para un puesto de axiliar judicial para la ciudad.
En las conclusiones, la defensa ha alegado como hechos probados que esta Consejería tiene una necesidad de asesores jurídicos por la carga de trabajo, en muchas ocasiones sorpresiva. que no existe ninguna denuncia ni tampoco adevertencias de ilegalidad de la intervención ni de la ciudad autónoma. Alega que la investigación por parte de la Guardia Civil y el peritaje de la Intervención General ha sido muy limitado al centrarse únicamente en la forma de contratación y no en la necesidad de dichos contratos.
