Chicago abre la batalla judicial de las ciudades santuario contra Donald Trump

Nueva York

Chicago se ha convertido en la primera ciudad santuario en acudir a los tribunales contra la Administración Trump por sus amenazas de retirar las subvenciones a las autoridades locales que no colaboren en la detención de inmigrantes indocumentados.

Las llamadas "ciudades santuario", entre las que se encuentran Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, así como cerca de 200 jurisdicciones estatales y locales, son aquellas que tienen políticas de protección de los irregulares y no cooperan con los agentes federales de Inmigración.

Su principal característica es que cuando una persona entra en contacto con la policía, los agentes nunca le reclaman sus estatus migratorio. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, numerosos alcaldes se han rebelado contra los intentos del Gobierno de endurecer el acoso a los indocumentados.

De esta forma, la capital del Estado de Illinois inicia la batalla legal por mantener su estatus de ciudad de bienvenida. La demanda presentada ante un juzgado federal va contra las amenazas del Gobierno de retirar las subvenciones destinadas a la seguridad a las autoridades locales que no colaboren en las detenciones.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció en junio que retiraría estas partidas con cargo al presupuesto de 2017 a las ciudades y territorios que no avisen con anticipación sobre la excarcelación de los inmigrantes sin papeles. Sessions también quiere que los agentes de inmigración tengan acceso a las cárceles.

"No vamos a subastar nuestros valores como ciudad", alertó el alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emanuel, en una rueda de prensa con motivo de la presentación de la demanda. "Consideramos ilegal e inconstitucional que como ciudad se nos coaccione con una política", añadió.

Las amenazas de Trump pueden provocar que Chicago deje de ingresar este año 3,2 millones de dólares para la compra de vehículos policiales. La ley de Chicago prohíbe a la policía que permita que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tengan acceso a personas detenidas, a menos que se les busque bajo una orden judicial o tengan condenas previas por crímenes graves.

Esta acción judicial es solo el principio de la batalla de las ciudades santuario ante los tribunales. El Procurador General de California, Xavier Becerra, estudia ya presentar la segunda demanda.