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Aena aeropuertos

Los aeropuertos, pendientes de Montoro y Marcos Peña

Los límites presupuestarios dificultan un acuerdo en Aena

Los servicios de seguridad de los aeropuertos esperan el laudo arbitral en Eulen por la posible aplicación en sus conflictos

Los miembros del comité de empresa de Eulen durante una reunión con Marcos Peña, el mediador propuesto por el Ministerio de Fomento como árbitro que dicte el laudo obligatorio. / ALEJANDRO GARCIA (EFE)

Los miembros del comité de empresa de Eulen durante una reunión con Marcos Peña, el mediador propuesto por el Ministerio de Fomento como árbitro que dicte el laudo obligatorio.

Cristóbal Montoro y Marcos Peña aparecen como las figuras clave esta semana en los conflictos que amenazan con reverdecer los problemas en los aeropuertos españoles. Los trabajadores de Eulen han decidido este domingo volver a la huelga el próximo 8 de septiembre. 

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Los servicios de seguridad adjudicados a empresas privadas en los aeropuertos están muy pendientes del laudo arbitral que el presidente del CES, Marcos Peña, debe emitir antes del viernes en el conflicto del aeropuerto de El Prat, y que puede servir de base para alcanzar acuerdos en otros.

Los sindicatos quieren recuperar una parte del terreno perdido en Aena y Enaire desde el inicio de la crisis -450 empleos en la primera, 250 en la segunda- y un 8% en poder adquisitivo, según sus cuentas. Pero el ministro de Fomento, en su llamamiento al diálogo, les ha recordado los límites impuestos a las empresas públicas por los presupuestos del Estado: "Confiamos en que haya diálogo, voluntad de acuerdo, y que finalmente no haya una convocatoria formal de huelga. Que se pueda llegar a un acuerdo, pero dentro del marco formal que tenemos para la función pública." Y es que los presupuestos limitan mucho el aumento de plantillas, y fijan en el 1%, con carácter general, el incremento salarial de los empleados públicos.

Excepciones

Pero los sindicatos esgrimen que la propia ley de presupuestos establece excepciones: En plantillas. Y en salarios, con la posibilidad de pluses vinculados a la consecución de objetivos y a la productividad. Por ejemplo -recuerda Raúl Gómez, de UGT- para los trabajadores de la Agencia Tributaria: "Si se ha podido hacer, y seguramente con toda justicia, para los trabajadores de Hacienda, se puede hacer para una empresa pública y una sociedad mercantil que dan beneficios. Y que encima se permiten el lujo de regalar dinero a las compañías aéreas privadas". Alusión ésta a la rebaja de tasas de Aena y Enaire que beneficia a las aerolíneas, y que los sindicatos evalúan en 350 millones de euros anuales.

Desde la perspectiva sindical, los trabajadores son los únicos que han retrocedido en estas empresas. Y Francisco Casado, de CCOO, insiste en el hecho diferencial de ambas frente al cerrojazo presupuestario: "Son, junto con Loterías y Puertos del Estado, las únicas empresas públicas que obtienen beneficios. Esa excepcionalidad habría que aplicarla, y creo que el gobierno debe ser sensible con nuestras peticiones".

Esperando el laudo

En paralelo, los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat esperan el laudo del árbitro designado por el gobierno, Marcos Peña, para fijar las nuevas condiciones laborales y salariales. Y de él están muy pendientes también los trabajadores de servicios de seguridad privada que habían amagado con movilizarse en otros aeropuertos, pero que dieron marcha atrás cuando Íñigo de la Serna aceptó el pasado día 21 negociar un marco general en esos servicios. Con unos mínimos a cumplir por las adjudicatarias para que no se deterioren las condiciones de los trabajadores.

Inmediatez

El Ministro prometió inmediatez. Los sindicatos se muestran dispuestos a esperar el laudo arbitral, porque consideran que puede ser una buena base para negociar nuevas condiciones en otros servicios.

En la propia Eulen en el aeropuerto de Barcelona el laudo puede servir para zanjar las diferencias en materia salarial, porque es de obligado cumplimiento, y los trabajadores no pueden movilizarse para exigir cambios. Pero sus representantes han anunciado ya nuevas movilizaciones, para conseguir que la empresa anule las sanciones impuestas durante el conflicto.

 
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