Mayor Oreja ensalzó el trabajo de Margarita Robles en el caso Lasa Zabala

Jaime Mayor Oreja aseguró que “su labor fue impecable desde un punto de vista jurídico, y en ese aspecto no tengo la menor duda que se hizo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y sus resultados se encuentran incorporados al sumario 15/1995 que se investiga en la Audiencia Nacional”.

En la misma sesión, el que fuera ministro de Justicia Juan Alberto Belloch también destacó que los trabajos de Robles habían sido determinantes para esclarecer el doble asesinato y destacó que “los resultados de la investigación Lasa y Zabala se deben precisamente al general Fuentes y al comisario general Enrique de Federico, que fueron los responsables expresamente designados por la entonces Secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles.

Cuatro años después de las investigaciones, en febrero de 2000, Margarita Robles declaró en el juicio como testigo por los secuestros, torturas y asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Durante su declaración, la entonces ex secretaria de Estado de Interior aseguró que el entorno de Intxaurrondo obstruyó la investigación que se realizaba en 1995 y afirmó que se hicieron seguimientos a testigos, se presionó a guardias civiles antes de que declarasen y se identificó públicamente a testigos protegidos con el fin de intimidarles.

Robles precisó que “los mandos más próximos a Galindo estaban molestos porque se le estaba investigando y obstaculizaban la investigación, pero en el Ministerio del Interior, con el respaldo del Gobierno de la Nación, no queríamos que nadie pensara que queríamos echar un manto de impunidad sobre estos hechos".

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Margarita Robles aseguró con rotundidad que en el caso Lasa-Zabala se siguieron todas las líneas de investigación por absurdas que pareciesen y enumeró: miembros de la OAS, mercenarios, cazadores de Alicante e incluso jugadores del casino de esa localidad. Sin embargo, "la que más visos tuvo de ser posible se refirió a guardias civiles destinados en 1983 en el cuartel de Intxaurrondo" (San Sebastián). Agregó que por razones operativas encargó a la Policía que investigase a la Guardia Civil, y a ésta, todas las demás posibilidades.