El Tribunal acusa a CEOE y sindicatos de repartirse los fondos de la Fundación de Riesgos Laborales
Según la fiscalización de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales de 2015, la CEOE, CCOO y UGT han sido "juez y parte" en el reparto de las ayudas concedidas para agentes sociales desde el patronato de la entidad.
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Madrid
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado la fiscalización de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales dedicada a prevenir las condiciones de salud y trabajo. Para ello, desde la Fundación, los agentes sociales realizan visitas a las empresas, intervienen en las sedes de los agentes sociales a través de la creación de gabinetes y editan guías o folletos informativos, entre otras funciones.
Según el análisis de la contabilidad en el ejercicio 2015, el tribunal ha detectado numerosas deficiencias en el acceso a las ayudas para llevar a cabo dichas actividades. Las más importantes, en la partida de 10,7 millones de euros en las subvenciones de las convocatorias de la Estrategia desde octubre de 2015 y 2016, tramitadas al margen de la Ley de Subvenciones y vulnerando los "principios de concurrencia y no discriminación". Debido a la doble condición de algunas entidades como patronos y beneficiarios, los fondos acabaron en manos de los mismos: CEOE, UGT y CCOO.
En estos casos, destacan los inspectores, no cabe que los patronos se autocontraten y, por tanto, "cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados". El patronato era hasta hace un año el responsable de aprobar las ayudas de la Fundación y las normas de las convocatorias. Pues bien, al estar integrado por la patronal (CEOE) y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) fueron a su vez los perceptores de las ayudas.
Entre las incidencias destaca el cambio de las normas para distribuir los fondos. "En definitiva, el Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, siendo sus miembros beneficiarios de las mismas".
Baremos a medida
Además, el tribunal ha comprobado que el baremo para valorar las solicitudes estaba diseñado para que únicamente obtuvieran financiación las solicitudes de estos tres agentes sociales, por lo que quedaron sin financiación las del sindicato USO". Y tal y como ya se había detectado en el anterior informe del organismo, reiteran, "existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO".
Además del reparto, las actividades de estos agentes sociales están repletas de "múltiples incidencias". En muchos casos no aportan soporte documental, la distribución a las empresas y trabajadores de los materiales que supuestamente elaboran patronal y sindicatos no queda clara; con estas ayudas financian incluso "parte de sus gastos de personal".
En el caso de las visitas que deben hacer a las empresas para prevenir de los riesgos laborales, la Fundación no exigía que se justificasen documentalmente y presentaban una relación de emrpesas visitadas sin más.
El caso más llamativo es el de CCOO. Los inspectores del tribunal no han sido capaces de comprobar si sus resposables visitaban o no los centros y llevaron a cabo visitas "realizadas por agentes sindicales sin formación en prevención".
Cobros por trabajos ficticios
En el caso de la construcción, Cofemental, UGT-FICA y CC.OO de Industria presentaron copias a color escaneadas de los partes de visita originales sólo con la intención de cobrar unas visitas "a las que presumiblemente no asisitieron" denuncia el tribunal.
En vista de las incidencias, el tribunal hace tres recomendaciones al Gobierno y al patronato. Al Ejecutivo le pide lograr un completo desarrollo regulatorio de la materia de prevención de riesgos laborales y adaptarlo a la realidad. En cuanto al Patronato, estudiar las necesidades reales de empresas y trabajadores; y aprobar normas sobre procedimientos de liquidación de las acciones.
La Fundación fue constituida en 1999 con el objeto de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral, especialmente en pequeñas empresas.
