La Justicia de Bélgica cita a Puigdemont el 17 de noviembre

Bruselas

El viernes 17, la justicia de Bélgica estudiará la demanda española y decidirá si Puigdemont y los cuatro Consellers cesados por Mariano Rajoy que le acompañan han de volver a España. Estos cinco políticos deberán presentarse a las 2 de la tarde ante otro juez distinto al que ha decretado libertad sin fianza, condicionada solo al compromiso de no salir de Bélgica. La decisión admitirá recurso y todo este proceso de apelación primero y casación después, puede alargarse hasta 60 días y en caso necesario ampliarse a otros 30 sin modificaciones en la libertad de expresión y actuación de Carles Puigdemont en Bélgica, donde su caso crea una difícil situación diplomático para el gobierno del liberal Charles Michel.

Su partido, MR, aceptó ser el único francófono en un gobierno de coalición liderado por la NV-A, y en el que están también representados los liberales flamencos, Open VLD, y la CD&V, democristianos también de la parte flamenca del país y a los que sus homólogos del lado francófono, CDH, no quisieron seguir.

Una experiencia inédita en una sociedad acostumbrada a los gobiernos de grandes coaliciones con representación de los dos lados lingüísticos del país y que en los últimos años respondían a la necesidad de marginar a la NV-A.

Esto es lo que ha cambiado desde octubre del 2014, al aceptar Charles Michel presidir un gobierno en el que la NV-A tiene las carteras de finanzas, interior y defensa y el secretario de estado de inmigración.

Un viaje inédito que especialmente ante la crisis catalana, Charles Michel justifica, dando por hecho que rompiendo su aislamiento, este partido radical flamenco ha renunciado a su discurso populista pro secesión y aceptado sumarse a la gestión de la Monarquía Federal.

Pero la historia de este “éxito” se ha convertido en un modelo difícil de seguir conduciendo mientras la NV-A abiertamente, apoya a Puigdemont, facilitando su estrategia de confrontación ante la justicia española y el gobierno Rajoy. Situación que le enfrenta a una clara presión de la diplomacia española poco dispuesta a aceptar las críticas abiertas del Ministro del Interior de Bélgica Jan Jambon contra los encarcelamientos de los ocho miembros del cesado “Govern” que no huyeron de España o las del presidente del Partido Socialista, francófono, Elio di Rupo, un ex primer ministro que se ha atrevido a llamar a Rajoy, vía Twitter, “franquista autoritario”.

Un escenario que responde al debate en la sociedad belga, en la que Puigdemont se ha convertido en un hombre “presente” en cada telediario, donde los periodistas le presentan pronunciando su nombre con más exactitud de lo que nunca se ha escuchado en España.

Un debate que amenaza también a la credibilidad de las Instituciones Europeas cuyo silencio ante los encarcelamientos ha sido criticado especialmente desde el lado flamenco del país, críticas que tras muchos silencios, han provocado una ruda respuesta del presidente de la Comisión.

“No veo como el estado de derecho lo pueden vulnerar las autoridades españolas. Mas bien creo que los que no respetan el orden constitucional español están violando la ley”, ha dicho Juncker relativizando la prisión preventiva decretada en España y evitando hablar directamente de la presencia aquí de Puigdemont que en su primera rueda de prensa reclamaba su acción.

Pero la Comisión no quiere intervenir y aunque Juncker ha dado algunos giros en su aproximación a este problema lo cierto es hay dos cosas que ha mantenido siempre: “la Unión no puede reconocer ninguna independencia unilateral” y el territorio escindido dejará el club para “volver a pedir la readmisión”.

Posición que en estos momentos de tensión no aporta nada nuevo al debate, agravado por los encarcelamientos, primero de los Presidentes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana como previa al ingreso en prisión de los 8 miembros del disuelto gobierno.

Una crisis que además de amenazar la estabilidad del gobierno de Bélgica y la calma de las Instituciones empieza a preocupar a un Eurogrupo cuya esperanza es que termine rápido. “Creo que una solución clara basada en la Constitución y el estado de derecho debe limitar las consecuencias económicas. Sabemos que el Parlamento regional será elegido pronto y esto es un gesto positivo que permite pensar que todo se podrá resolver dentro de un espacio de tiempo limitado”. Ha explicado a la prensa española el Ministro alemán de finanzas, Peter Altmaier, en su estreno como substituto del histórico Schäuble.

Es la misma posición que ha expresado el ministro español, convencido que “el caso catalán tendrá solución rápida”. Rapidez invocada porque de ella depende que el problema no tenga mayores consecuencias ya que el gobierno, pensando en una solución este diciembre y tras el voto de las elecciones catalanas convocadas bajo el 155, cree que puede limitar las pérdidas de crecimiento a entre 4 o 5 décimas, cifras que podrían quedar en nada, si tras los encarcelamientos, el conflicto se agrava.