Primera condena del Tribunal Supremo por tráfico ilegal de órganos en España
El alto tribunal ha decidido confirmar las condenas de hasta seis años de cárcel dictadas por la Audiencia de Barcelona para cuatro personas acusadas de convencer a un hombre en situación de indigencia para que donase un riñón a uno de ellos
Madrid
El Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia condenatoria en un caso de tráfico ilegal de órganos: ha decidido confirmas las penas de hasta más de seis años de prisión para cuatro personas que ofrecieron 6.000 euros a un hombre en situación de indigencia para que donase un riñón a uno de ellos, que padecía una enfermedad renal.
Según explica la sentencia, los condenados son tres miembros de una misma familia y una cuarta persona. Uno de ellos padecía una hipertensión arterial renal que, según le dijeron en el hospital de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), le obligaba a buscar un riñón nuevo, y el resto de condenados encontró un donante: un hombre residente en L'Hospitalet de l'Infant sin casa, sin trabajo y sin familia y con dificultades para hacerse entender en castellano que les daría el riñón a cambio de 6.000 euros. Llegaron incluso a pasar las pruebas preoperatorias, pero el trasplante no llegó a producirse, ya que la víctima se echó atrás, agresión mediante.
Una caso que ya desgranó Hoy por Hoy en noviembre del año pasado tras la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Barcelona y que acaba de convertirse en la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este tipo de delitos. Condenas de entre cuatro años y medio y siete años de prisión, incluido quien iba a ser el receptor del riñón, por delitos de coacciones, lesiones, usurpación del estado civil y tráfico ilegal de órganos principales humanos.
<p>Expertos en el trasplante de órganos y la lucha contra su tráfico debatieron sobre este caso en Hoy por Hoy</p>
Entre otros motivos de defensa rechazados por el Supremo, está la alegación de necesidad realizada por el condenado que necesitaba el riñón, ya que había sido la propia sanidad pública quien había determinado esta necesidad de un órgano nuevo: "Conocía la existencia de la Organización Nacional de Trasplantes, el sistema público de trasplante y había sido puntualmente informado de su existencia y decide no seguirlo sino procurarse un órgano de una persona que por su necesidad económica accedía a la intervención a cambio de dinero", dicen los jueces.