La Fiscalía pedirá incorporar al Supremo vídeos violentos y otras pruebas obtenidas por el juez de Barcelona

Madrid

Un equipo de fiscales del Supremo se trasladó hace una semana a Barcelona para conocer de primera mano las diligencias que están realizando el juzgado 13 y encontraron testimonios, pruebas, grabaciones y vídeos inéditos que pueden servir para afianzar la acusación por rebelión que pesa contra los 22 imputados.

Entre las evidencias que los fiscales han podido comprobar durante su visita al juzgado se encuentran pruebas documentales y videos inéditos sobre diversos episodios de violencia en la consejería de Economía del pasado 21 de septiembre y otros incidentes violentos, también grabados durante la jornada del 1-O cuyos autores están siendo identificados.

Estos indicios documentales servirán para ampliar los cargos por delitos de rebelión y sedición que investiga el magistrado del Tribunal Supremo que centra una parte importante de sus pesquisas en los sucesos violentos provocados durante el asedio a la Consejería de Economía. De hecho, los únicos cuatro investigados que permanecen en prisión están ligados directamente a esos sucesos. El vicepresidente cesado Oriol Junqueras, el exconsejero de interior Joaquim Forn, y los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La fiscalía reclama una copia con testimonios de lo actuado para incorporarla al Tribunal Supremo y no descartan solicitar también las intervenciones telefónicas y escuchas ordenadas por el juez de Barcelona que tengan relación con alguno de los 22 imputados en Madrid.

Por ahora, los fiscales siguen estudiando la importante cantidad de material que ha ido investigando el juzgado catalán que mantiene la causa secreta con una veintena de imputados. La intención de la fiscalía no es reclamar toda la causa sino sólo una copia de lo que le interesa para el Supremo, lo que permitirá al juez Ramírez continuar con sus diligencias

La fiscalía no va a ralentizar el caso durante la campaña electoral y solicitarán cuantas diligencias consideren oportunas aunque son conscientes de que durante las campañas electorales, el Supremo suele rebajar la intensidad de sus investigaciones contra aforados para no interferir en los procesos políticos.

El primero en investigar

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se encuentra al cargo de la operación contra responsables de las 'consellerías' de Economía, Hacienda y Exteriores por organizar el 1 de octubre. El magistrado, ordenó el pasado mes de septiembre la detención de 12 personas, entre ellas el número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové.

En el mes de febrero, Ramírez admitió una querella de VOX contra Santiago Vidal, exjuez progresista e independentista por entonces senador de ERC, quien difundió en distintas charlas que tenía todos los datos fiscales de los catalanes, obtenidos de manera ilegal. La querella fue ampliada al presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, ex magistrado del Tribunal Constitucional y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

Ramírez Sunyer investiga a unas veinte personas, por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos así como por delitos de revelación y otro de delito informático. La causa está parcialmente secreta, por lo que aún no se sabe si entre los indicios existentes en esas diligencias hay alguno que hace referencia a personas aforadas.

Investigados

El secretario general de la Vicepresidencia y de la conselleria de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; David Franco, del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adscrito al Departamento de Trabajo; David Palanques, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) adscrito al Departamento de Presidencia; Josué Sallent, director de estrategia e innovación del CTTI; Xavier Puig, jefe del Área TIC del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; Joan Manel Gómez, del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT); Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda; Joan Ignasi Sànchez, asesor del Departamento de Gobernación; Natàlia Garriga, directora de servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda; Josep Masoliver, de la Fundación puntCAT; Mercè Martínez, responsable de proyectos territoriales de Vicepresidencia; y Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servicio de T-Systems.

Desde el 27 de julio sólo había imputadas tres personas en el caso: Santiago Vidal, Carles Viver Pi -Sunyer y Josep Lluis Salvadó.