Suspendida la comisión diseñada por la Generalitat para investigar la actuación policial el 1-O

Madrid

El Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso la comisión sobre violación de derechos fundamentales que fue creada por la Generalitat de Cataluña el pasado 2 de octubre para denunciar la actuación policial en la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

El Alto Tribunal suspende la vigencia de la comisión durante los próximos cinco meses hasta que dicte una sentencia sobre el fondo del asunto, pero tendrá que esperar a que se constituya un gobierno en Cataluña para que aporte las explicaciones, documentos o alegaciones que considere convenientes. Ahora mismo las gestiones de la Generalitat están en manos del Gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de la aplicación del artículo 155, por lo que no es razonable que este gobierno en funciones conteste a las alegaciones que el mismo ha presentado.

El Tribunal deja en suspenso el plazo de personación y formulación de alegaciones para la Generalitat “con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá́ una vez que reciba las alegaciones y estudien el contenido.

El ejecutivo recurrió la creación de esta comisión porque además de la vulneración de principios como la presunción de inocencia y el derecho al honor, tampoco " prevé trasladar la investigación a los órganos judiciales, lo que resulta inconstitucional y contrario a la legislación procesal" y que los Mossos estarían al servicio de la nueva comisión, "lo que refuerza su configuración para judicial".

la Generalitat creo esta comisión para investigar las actuaciones y omisiones “imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad” tras los “hechos gravísimos fruto de la violencia y la represión policiales” ocurrido al en el transcurso del referéndum ilegal del 1-O.

Impugnado por el CGPJ

El pasado mes de octubre , el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, solicito al Abogado General del Estado, que “curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes” contra el acuerdo de la Generalitat por el que se crea la comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales, que pretende investigar las cargas policiales el 1-O, entre otros supuestos abusos. Lesmes pide al Estado que actúe “con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo [del Govern] se ha visto conculcado”.