Martes, 11 de Agosto de 2020

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Recuperar competencias para el Estado, suprimir diputaciones o revisar la autonomía fiscal de las comunidades

El expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel propone recuperar competencias sin complejos en Educación ante los nacionalismos que persistan en la deslealtad mientras el expresidente canario Jerónimo Saavedra (PSOE) pide no debilitar al Estado con más cesión de gasto en la financiación autonómica y cuestiona las desigualdades en materia de impuestos.

Rafael Arias Salgado, ex ministro de UCD y PP, cree necesario cerrar definitivamente el traspaso de competencias a las comunidades y reclama para el Estado el monopolio de la política exterior, la garantía de unidad de mercado y la adaptación de directivas europeas, además de replantear reparto competencial en Educación y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria en todo el Estado.

El socialista Jordi Sevilla apuesta por una reforma constitucional y una necesaria revisión del modelo autonómico para crear herramientas eficaces de cooperación pero no cree que todas las soluciones pasen por devolver competencias al Estado.

Los comparecientes ante la comisión territorial del Congreso coinciden en la necesidad de clarificar competencias y reformar el Senado pero difieren en cómo hacerlo y si ello requiere o no una reforma constitucional

El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel durante su comparecencia en la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado Autonómico del Congreso

El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel durante su comparecencia en la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado Autonómico del Congreso / Emilio Naranjo (EFE)

Por la comisión territorial del Congreso comparecen este miércoles expresidentes autonómicos y exministros tanto del PP como del PSOE para ofrecer su visión sobre el modelo autonómico y sus recetas para mejorarlo. Una sesión que ha vuelto a poner de relieve las diferentes visiones sobre la necesidad de una reforma constitucional, que los comparececientes del PP no ven necesaria ni oportuna, y sobre el reparto competencial, en el que distintas voces populares abogan por fortalecer el papel del Estado en cuestiones como la educación.

Replantear la autonomía fiscal de las comunidades

Jerónimo Saavedra, expresidente de Canarias y exministro socialista, ha sido el primer representante del PSOE en desfilar ante esta comisión, en la que ha reclamado una visión optimista para resolver los problemas "porque hablando se entiende la gente". Saavedra ha abogado por una necesaria reforma pactada de sistema de financiación autonómico pero partiendo de la premisa de que "es necesario reforzar el Estado" y preguntándose hasta qué límite cabe ceder más porcentaje de gasto a las comunidades autónomas: "El poder del Estado no se puede debilitar por muy federal que sea el país y hay qué pensar muy bien qué recursos se transfieren a las comunidades autónomas".

Saavedra ha mostrado su rechazo al llamado dumping fiscal y ha censurado que haya comunidades con impuestos distintos y gravámenes diferentes porque a su juicio "eso sí que provoca desigualdades". En esa medida ha propuesto una reflexión sobre si cabe mantener el régimen de autonomía fiscal en sus términos actuales. También considera que el Estado no puede seguir "soltanto dinero y luego paralelamente crear partidas presupuestarias en áreas competenciales de las Comunidades Autónomas" y ha puesto como ejemplo la puesta en marcha en el pasado de un ministerio de la Vivienda con dotación presupuestaria propia, cuando esas competencias están transferidas.

El veterano político socialista ha abogado también por suprimir las diputaciones provinciales (un tema que genera un amplio debate en el seno de su partido) apostando por eliminar las estructuras y cargos políticos, manteniendo funciones y funcionarios pero adscritos a las Comunidades Autónomas. Saavedra cree que la necesaria reforma del sistema de financiación no requiere un encaje constitucional y ha pedido no hacer análisis populistas en un debate que debe reconocer esencialmente la "singularidad" que no implica generar privilegios sino respetar las diferencias en un modelo que por definición es "asimétrico" y para el que él postula el federalismo "cooperativo" y no competititivo como cree que tenemos en la actualidad. También ha apostado por la clarificación de competencias, definiendo lo que es irrenunciable para el Estado y común para todos los españoles, como una vía de eliminar los reiterados conflictos que acaban en decenas de recursos de inconstitutucionalidad.

Saavedra cree que la decisión de si estos cambios se realizan dentro del margen que todavía tiene la Constitución o bien reformándola compete a los políticos actuales, pero ha añadido que si se opta por la vía de la reforma de la Carta Magna, ésta tiene que "acotarse y acometerse con el suficiente consenso" que, en su opinión, no parece haber en la actualidad en España.

En cuanto a la reforma del Senado ha abogado por reducir su número hasta una quinta parte, 50 ó 60 senadores con un sistema de elección de representación territorial a cargo de los gobiernos o parlamentos regionales.

Blindar el sistema de financiación y recuperar competencias ante derivas desleales del nacionalismo

Tras Saavedra ha sido el turno del ex presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, actual vicepresidente del Parlamento Europeo. Valcárcel ha apostado por blindar un nuevo sistema de financiación autonómico, que ve necesario pactar porque el actual es injusto, para preservarlo de los vaivenes políticos y ha apuntado a dos grandes asuntos, la Educación y el Agua, para los que ha reclamado sendos pactos de Estado que preserven dos cuestiones que consideran forman parte del bien común de todos los españoles. En materia educativa, Valcárcel ha abogado por recuperar competencias "sin complejos" si una autonomía se comporta con deslealtad, y ha puesto como ejemplo la enseñanza de la Historia, apostando por que sea el Estado el que diseñe contenidos troncales para evitar que algunas materias en la escuela "abran distancias insalvables" imponiendo dogmas entre ciudadanos.

En cuanto al agua, Valcárcel ha apostado por un Plan Hidrológico Nacional con trasvases de cuencas con excedentes a cuencas deficitarias que considere que se trata de un recurso vital y que evite litigios entre comunidades autónomas.

El ex presidente murciano ha coincidido en la necesidad de clarificar competencias para mitigar disputas institucionales y se ha mostrado partidario de regular constitucionalmente el principio de lealtad institucional. También ha propuesto una reforma del Senado en el sentido de transformarla en una Cámara territorial de primera lectura que pudiera dedicarse a debatir y también a aprobar definitivamente aquellas leyes estrictamente regionales. En cuanto al mecanismo de elección de los senadores ha abogado por un modelo parlamentario y ha abierto la posibilidad a que los presidentes autonómicos también pudieran tener un escaño en la Cámara Alta.

Valcárcel ha alertado sobre el riesgo de lo que ha calificado como "el nacionalpopulismo"  y se ha mostrado contrario a reforzar el mecanismo del referéndum establecido en la Constitución ya que cree que es fácilmente manipulable con las nuevas "fábricas de la desinformación en la era de la post verdad" y porque, a su juicio, en los últimos tiempos se han prostituido como instrumentos de participación democrática.

Todos esos aspectos, ha remarcado, cree que pueden llevarse a cabo sin necesidad de reformar la Constitución, sino exprimiendo el margen de mejora que aún tienen las instituciones vigentes, mediante reformas de leyes ordinarias u orgánicas o a través de la modificación reglamentaria del Senado. A su juicio sólo hay dos aspectos que sí requerirían una reforma de la Carta Magna: la supresión de la prevalencia del varón en la línea sucesoria a la Corona y la "constitucionalización" de la integración de España a la Unión Europea, que se produjo con posterioridad a la aprobación de la Constitución del 78.

"Hay que cerrar ya el traspaso de competencias a las comunidades si España quiere seguir siendo un sujeto de derecho internacional"

El ex ministro de UCD y PP, Rafael Arias Salgado, ha sido rotundo a la hora de rechazar una reforma constitucional y se ha mostrado convencido de que "existen mecanismos suficientes en la propia Carta Magna para mejorar el sistema autonómico sin necesidad de reformar la Constitución".

Arias Salgado ha demandado el monopolio exclusivo del Estado en cuestiones como la política exterior, cuestionando la acción internacional de comunidades autónomas poniendo en peligro intereses generales. También considera que debe ser ejercicio exclusivo de las Cortes Generales la adaptación de las directivas comunitarias, cuya transposición "no puede descentralizarse", la garantía de unidad de mercado y de unas "bases comunes y vinculantes en el sistema educativo y la formación del profesorado". Arias Salgado cree llegado el momento de replantearse cierto reparto competencial en materia educativa donde ve necesario que el Estado "tenga la última palabra" , así como en la garantía del derecho de asistencia sanitaria en todo el Estado mediante la tarjeta sanitaria. 

"No es posible ceder más poder a las autonomías si España quiere seguir siendo un sujeto de derecho internacional", tras haber alcanzado un nivel de descentralización "sin parangón" en el contexto europeo, ha remachado.

Jordi Sevilla aboga por una reforma constitucional bajo el principio de la cooperación territorial 

Quien ha abogado con más claridad por una reforma de la Carta Magna ha sido el ex ministro socialista, Jordi Sevilla, quien ha señalado que "aún incluso en el caso de que se acordara que no es necesaria esa reforma, la mejora del sistema autonómico requeriría en cualquier caso una profunda revisión porque "faltan herramientas de cooperación y algunas de las que hay no funcionan bien".

Sevilla ha apostado por un doble principio de lealtad constitucional mutua entre las 17 comunidades autónomas y el Estado para que lo que hemos conseguido funcione y ha dejado claro que a su juicio, "al igual que es cierto que no todas las soluciones implican una reforma constitucional, no todas las soluciones suponen devolver competencias". En ese sentido ha remarcado que no ve por qué esa recuperación de competencias por parte del Estado va a ser más eficaz que el hecho de que la gestión siga en manos de las comunidades autónomas.

El ex ministro de Zapatero ha apostado por transformar la gestión de lo público a través de agencias de 17+1, que permitan visualizar esa gestión a través de la cooperación. "Visualicemos que España es un estado autonómico más un estado central que cooperan". Sevilla ha defendido las reformas estatutarias realizadas en España y cree que son un ejemplo de cómo se puede mejorar y avanzar sin necesidad incluso de reformar la Constitución.

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