Mejorar el sistema autonómico con o sin reforma constitucional
Los comparecientes ante la comisión territorial del Congreso debaten si ampliar, limitar o reordenar el actual marco de transferencias y la capacidad fiscal de las comunidades de subir o bajar impuestos
La mayoría de expertos citados hasta ahora sugiere una visión posibilista de cambios en leyes y el reglamento del Senado para lograr un consenso más fácil del que requeriría una reforma constitucional
Congreso de los Diputados. / EFE/Archivo
Madrid
La comisión para la mejora del modelo autonómico prosigue sus trabajos en el Congreso con un primer consenso mínimo reconocido con matices por todos los comparecientes: la necesidad de clarificar de forma efectiva el reparto de poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas para evitar las sobrecarga de recursos por conflictos competenciales ante el Tribunal Constitucional.
A partir de ahí hay quienes, como el ex presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, cree que hay asuntos que afectan al interés general como el uso del agua o la educación que deberían quedar bajo un paraguas común frente a la deriva desleal de algunos nacionalismos. Valcárcel fue tajante esta semana en el Congreso al mostrarse partidario de que el Estado recupere sin complejos la competencia educativa si esos nacionalismos persisten en su actitud de deformar la realidad, ir a la confrontación permanente e incitar al odio y puso como ejemplo la necesidad de asegurar contenidos troncales iguales para todos los alumnos del país en materias como la Historia.
El exministro con los gobiernos de UCD y PP, Rafael Arias Salgado, cree que el sistema de transferencias ha tocado techo y debe cerrarse. "A mi juicio", remarcó, no se puede ceder una competencia más a las comunidades autónomas si queremos que el estado español conserve una capacidad suficiente de actuación como sujeto internacional de derecho sin condicionamientos indebidos". Arias Salgado aboga por reordenar algunas transferencias potenciando el papel del Estado en política exterior, donde reclama un monopolio exclusivo, cuestionando el riesgo de efectos contraproducentes sobre los intereses generales del papel de las comunidades autónomas en la acción exterior. También es partidario de reforzar la capacidad estatal con el establecimiento de bases comunes en educación, y en menor medida en sanidad.
Para el ex ministro socialista, Jordi Sevilla, no se trata de mantener una lógica de la confrontación sino de la cooperación. En ese sentido abogó por poner en marcha herramientas eficaces –cree que no existen esos mecanismos o no funcionan suficientemente bien- en asuntos multilaterales que afectan a todas las comunidades para favorecer esa cooperación entre el Estado y las autonomías. En opinión de Sevilla no hay elementos que permitan asegurar que una devolución de competencias al Estado implique necesariamente una mejor gestión.
Sevilla apuntó también la necesidad de profundizar en la autonomía financiera de las comunidades autónomas. "Si descontamos la Seguridad Social, más del 50 por ciento del gasto público en España lo gestionan las comunidades autónomas que sin embargo sólo gestionan un 20 por ciento de los ingresos". Para Sevilla se trata de un desequilibrio evidente que habría que modificar mediante un cambio legislativo para evitar que cuando una comunidad autónoma pide más recursos la única opción sea "la de batallar con Madrid".
Aunque desde visiones distintas, Arias Salgado desaconsejó con claridad una reforma constitucional mientras Jordi Sevilla se mostró partidario de poder plantearla si hay voluntad y consenso político para hacerlo, todos los comparecientes de esta semana admitieron que cabe un amplio margen de cambios y mejoras en el sistema autonómico que no requieren una reforma de la Constitución.
Cosa distinta es el alcance de los cambios en el Senado. Hay consenso en que debe reformarse para convertirse en una auténtica cámara de representación territorial pero los comparecientes discreparon sobre cuáles deben ser esos cambios, incluidos los mecanismos de elección de los senadores, y sobre si esas modificaciones requieren necesariamente una reforma de la Carta Magna, como cree Jordi Sevilla o si podrían solventarse con cambios en el propio reglamento de la Cámara Alta, como sostuvieron Arias Salgado y Valcárcel.
La autonomía fiscal de las comunidades y el variopinto panorama impositivo según los territorios –Arias Salgado alertó de los efectos sobre la actividad económica y empresarial de tener más de 200 impuestos distintos en naturaleza y cuantía en las diferentes comunidades- afloró también en la intervención del ex ministro y ex presidente de Canarias, el socialista Jerónimo Saavedra. El veterano político del PSOE se mostró abiertamente contrario al llamado "dumping fiscal" que practican algunas comunidades bajando impuestos y planteó a la comisión la necesidad de reflexionar sobre si cabe mantener o no dentro del sistema de financiación autonómica la actual autonomía fiscal de las comunidades sobre determinados tributos. Saavedra dejó clara su postura argumentando que a él "no le gusta porque eso sí genera desigualdades".
