El defensor del Pueblo denuncia que el Gobierno sigue improvisando 30 años después de la primera patera

Madrid

“Nos encontramos ante carencias estructurales, que van perpetuándose con el paso del tiempo y que deberían ser corregidas” ha afirmado Francisco Fernández Marugán, en su comparecencia de esta tarde ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Congreso y Senado para dar a conocer el posicionamiento de la institución sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la llegada de un total de 28.349 personas a las costas españolas. Una cifra considerable ha dicho pero ya superada en otras ocasiones.

Marugán ha recordado el uso de expresiones bélicas o xenófobas por parte de miembros del Gobierno para hablar de esas llegadas , tales como «crisis migratoria sin precedentes en la historia de España» o «ataque

coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea», como señaló el delegado del Gobierno en Murcia en noviembre. Solo dos meses antes habían llegado 600 personas en un solo día a Cádiz.

“Quizá fuera también bueno pensarse dos veces el recurso al lenguaje bélico para referirse a personas que, hasta donde sabemos, tenían la pretensión de buscar un mejor presente y un futuro digno de tal nombre. Pero, y esto es lo más grave, lo que resulta más llamativo es la «sorpresa» con la que aún se abordan estas situaciones, que vienen repitiéndose durante los últimos 30 años en diferentes puntos del litoral español” ha lamentado el Defensor del Pueblo en funciones.

Ni CIE, ni comisarías, ni centros de primera acogida

“Los centros de internamiento de extranjeros no están concebidos para acoger a personas que acaban de ser rescatadas en el mar” ha afirmado Marugán, “las comisarías, no parecen lugar adecuado para privar

de libertad, aunque sea durante unas horas, a personas que han viajado en condiciones de extrema dureza”, en centros como este o como los de primera acogida y detención de Motril “ hay una ausencia de una coordinación eficaz y efectiva, no responde adecuadamente a la protección de los derechos “ ha señalado ante la cámara baja.

Sobre denominados centros de primera acogida y

detención, ubicados en Motril y Almería, Fernándeza Marugán ha sido tajante para exigir el cierre inmediato del primero. Estas dependencias “acogieron en

2017 a 3.842 personas que habían sido detenidas en 121 embarcaciones”, y los técnicos de la institución comprobaron sus carencias. ”Presenciar en 2017 a madres con bebés en calabozos, a menores no compañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo, la carencia de calefacción a 20 metros del mar, entre otras cosas, nos debería sonrojar después de llevar años recibiendo a personas migrantes continuamente” ha lamentado.

Archidona “caso paradigmático”

También ha reiterado su petición de cierre del CIE de

Algeciras, cuyo cierre se ha pedido desde la institución en

reiteradas ocasiones. Y en Almería, Cartagena y Málaga ha sido igual de crítico con las malas instalaciones y la falta una “buena asistencia de abogado y garantías jurídicas, carencias en la identificación de personas especialmente vulnerables y todo eso se resume en el caso paradigmático de Archidona”, la prisión de Málaga, aun sin inaugurar, y que fue usada como centro de privación de libertad de los migrantes llegados a inicios de noviembre e Cartagena.

Marugán ha sido tajante para rechazar que el Gobierno ni siquiera publicara en el BOE la orden de convertir la futura cárcel en un CIE temporal “¿con qué título habilitante se creó ese centro provisional de internamiento? La respuesta que ha facilitado el Director General de la Policía indica que «el Ministerio del Interior para hacer frente a las obligaciones comunitarias en materia de inmigración irregular ha habilitado el centro penitenciario de Archidona como CIE provisional, en virtud de resolución de fecha 19 de noviembre». Sin embargo, esa resolución debería haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, cosa que no se ha hecho” ha explicado Marugán.

Sobre la muerte del joven argelino en las instalaciones polémicas de Archidona , Marugán ha señalado que “esta institución no tiene dudas de que se trató de un suicidio, como ha informado el Ministerio del Interior. De hecho, partiendo de las propias explicaciones facilitadas por las autoridades policiales, y asumiendo que el Sr. Bouderbala participara en unos incidentes previos y que, como consecuencia de ellos, fue aislado en una celda, lo que resulta cuestionable es que ese aislamiento se realizara como se realizó. Esta persona no fue reconocida por personal sanitario y no tuvo la más mínima vigilancia durante casi 16 horas. La decisión de no efectuar una ronda de vigilancia periódica resulta totalmente incomprensible.

“No sabemos si esa muerte hubiera o no podido evitarse. Pero sí creemos que deberían haberse puesto mayores medios para que no ocurriera. Esto nos ha llevado a mantener abierta la investigación con la Dirección General de la Policía” ha asegurado el Defensor del Pueblo ante diputados y senadores.

Marugán ha exigido cambiar el sistema de acogida de inmigrantes “en profundidad”, porque es “cruel con personas que tan solo aspiran a una cosa, que es vivir mejor”. Para ello propone: “voluntad política, una dotación económica suficiente, colaboración y cooperación interadministrativa que vaya más allá de lo que hasta ahora hemos conseguido y muy probablemente, reformas legales y normativas que den coherencia a esta voluntad de trabajar juntos y de no oponer falsamente eficacia y garantía de los derechos” ha concluido.