Domingo, 09 de Agosto de 2020

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Suiza no es un país protector

Si la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel opta por no comparecer ante el magistrado Pablo Llarena el próximo miércoles, éste, preguntará a la fiscalía su opinión y decidirá si dicta orden de detención internacional a efectos de extradición en base al tratado bilateral firmado por España y el país helvético, con lo que se iniciaría un periodo de trámites judiciales similar al de Puigdemont y los cuatro ‘exconsellers' que desde octubre pasado, residen en Bélgica

La exdiputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel.

La exdiputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel. / Anadolu Agency (Getty Images)

Entre Suiza y España rige el tratado de extradición y el pais helvético ha dado muestras indudables de colaboración con las autoridades españolas en materia de evasión de capitales, blanqueo de dinero o incluso en materia penal.

No hace mucho, Suiza concedió la extradición de una terrorista, Miren Necane, para ser juzgada en nuestro país, por lo que las peticiones de detención o extradición están plenamente operativas.

Suiza no pertenece a la Unión Europea pero sí al Espacio Schengen, que garantiza la libre circulación a los nacionales de los países firmantes. Y por tanto, la burocracia judicial ya no opera a través de la Orden Europea de detención, pero si funciona la orden internacional de detención a efectos de extradición gestionada a través de la Interpol.

No es un país protector

Suiza no se caracteriza por ser un país protector, como pueden ser Bélgica O Canada, y su eficacia colaboradora está consolidada. Aun así, el sistema judicial podría ralentizar la entrega de un reclamado a las autoridades españolas.

El Código Penal suizo no tipifica como delito la sedición ni la rebelión, pero en su artículo 265 castiga con penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua los "delitos contra el Estado" o intentar "cambiar mediante la violencia la Constitución" o "separar mediante la violencia parte del territorio".

Según la legislación Suiza, la Oficina Federal de Justicia es la autoridad competente en los asuntos de extradición en los que por regla general a la persona reclamada se la detiene y se inicia el proceso de extradición durante el que podría permanecer el libertad.

Las autoridades cantonales cooperanen todo los trámites y la posibilidad de recurrir las decisiones de esta oficina son múltiples hasta que las resuelve el Tribunal Penal Federal teniendo para ello varios meses de plazo.

Casos en los que la extradición puede ser denegada

Según la legislación Suiza, la extradición puede denegarse si el procedimiento en el extranjero es contrario a los principios de la Convención europea de los Derechos Humanos o tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad (art. 2 de la Ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal).

También constituye un motivo de denegación de la extradición el hecho que el acto imputado tenga carácter político, constituya una violación de las obligaciones militares o que esté dirigido en contra de la defensa nacional o el poder defensivo del Estado solicitante (art. 3 de la Ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal).

En todo caso, la Oficina Federal de Justicia decide sobre la extradición (art. 55, par. 1, de la Ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal) y sobre el carácter político de la infracción decide el Tribunal Penal Federal (art. 55, par. 2, de la Ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal).

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