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130 españoles siguen "luchando" en zonas de conflicto

Vuelve a resurgir el temor de la radicalización física y presencial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras los atentados de Cataluña y la figura del imán de Ripoll

Soldados del Ejército Libre de Siria (ELS) se preparan para combatir en el pueblo de Kafr Jana, Afrin, Siria. / AREF TAMMAWI (EFE)

Madrid

 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen muy pendientes de 130 "soldados" que partieron de España a zonas de conflicto y que a pesar de la perdida de fuerza y poder del Estado Islámico en Siria no han regresado a nuestro país. ISIS ha perdido posiciones y hegemonía geoestratégica en el último año y medio y el retorno de estos combatientes se esperaba de forma escalonadada e inmediata. Sin embargo fuentes de la lucha antiterrorista reconocen que estamos en situación de espera ante la llegada de estos retornados.

"La situación es indefinida" asegura un alto mando de la lucha antiterrorista centrado en el terrorismo de corte internacional. "No esta habiendo un flujo de retornados como las previsiones apuntaban y no sabemos si han decidido seguir luchando en zonas de conflicto como Irak, Libia o el Sahel o han muerto a manos del ejercito sirio" puntualiza este mando policial.

Tras los atentados de Cataluña el pasado agosto ha vuelto a resurgir la preocupación por lo que se conoce como "procesos de radicalización física o presencial". Estos procesos a diferencia de la que se centra en las redes sociales que es la que más ha golpeado a Europa en los últimos años y que permite la auto radicalización, requiere la presencia habitualmente de un imán capaz de reclutar personas y voluntades.

El iman de Ripoll es Abdelbaki Es Satty. La investigación ha determinado que ejerció un papel clave en la deriva radical de los jóvenes de origen marroquí y en la preparación logística y material del atentado. Abdelbaki es de hecho uno de los fallecidos en la explosión fortuita ocurrida en una vivienda de Alcanar (Tarragona) que, supuestamente sirvió de base logística para preparar los atentados. El imán estuvo cuatro años en prisión por tráfico de drogas y por un problema de papeles con su situación legal en España. Salió de la cárcel en 2012.

"Tras los atentados de Barcelona tenemos que tener mayor capacidad de control de espacios donde los terroristas se mueven", añade otro mando policial dedicado también a luchar contra este tipo de amenaza terrorista. "Se han anunciado medidas como controlar los datos de empresas que se dedican a alquilar vehiculos de alto tonelaje pero de momento estas medidas no se han llevado a la práctica" puntualiza el miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Es cierto: muchas de las medidas que se anunciaron tras los atentados de Barcelona no se han puesto en marcha todavía. Para los expertos policiales hay dos en concreto que se deben aplicar con urgencia y que tienen que ver con el control del alquiler de vehiculos grandes y furgonetas y con el de materiales químicos y agrícolas que pueden servir para la fabricación y control de explosivos.

Solo ocho de los condenados en el 11M siguen en prisión

La instrucción de los atentados de los trenes de Madrid acabó con más de 100 imputados aunque en el banquillo de la Audiencia Nacional solo se sentaron 21 y de éstos el Tribunal Supremo absolvió a tres. Ahora catorce años después de los atentados del 11 de marzo solo ocho de los condenados siguen en prisión.

Los últimos en salir van a ser José Emilio Suárez Trashorras, el exminero asturiano que facilitó el explosivo a la célula. Fue condenado a 34.715 años como colaborador necesario en los 192 asesinatos. Saldrá de prisión en el año 2044. Ese año también está prevista la salida de Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, considerados también autores materiales y a los que se les impusó las mayores penas que se han puesto en la justicia española: 42.922 años de cárcel cada uno.

Las cárceles españolas siguen siendo un escenario favorable a la radicalización y captación. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias muchos delincuentes comunes que cumplen penas por tráfico de drogas acaban en las redes de estas células que continuan actuando incluso desde la cárcel. Ahora mismo hay 145 personas que cumplen por delitos de terrorismo internacional que están sometidos a controles exhaustivos por parte de los funcionarios para evitar la radicalización. El plan que comenzó en el año 2015 va dirigido a todos los condenados por pertenencia a grupos terroristas islamistas, a los condenados por captación y adoctrinamiento de yihadistas y a otros reclusos que aunque no hayan sido condenados por terrorismo o captación manifiestan actitudes en la cárcel de desprecio a otros internos no musulmanes. Cada grupo tiene su programa concreto de reinserción y su tratamiento "rehabilitador".

Para los internos FÍES del grupo A, condenados por pertenencia o colaboración con grupos terroristas se va a poner en marcha "un tratamiento de carácter intensivo e individual y con suficiente continuidad temporal" donde el trabajo corresponde prácticamente en exclusiva a los funcionarios de vigilancia. Con este grupo dice la instrucción " resulta fundamental la acreditación del rechazo a la violencia y la desvinculación de la organización criminal, siendo en cualquier caso reversible la participación en el Programa, si la actitud del interno fuese contraria a los objetivos de reinserción planteados".

Con el Grupo FIES B y C se plantea un tratamiento conjunto aunque "se distinguen las tendencias a la captación y el proselitismo y los que son vulnerables y con riesgo". Este programa contempla "la posibilidad de emplear internos de apoyo musulmanes con elementos de protección que puedan contrarrestar aquellos factores de riesgo que presentan los internos objetos de tratamiento".

Ana Terradillos

Ana Terradillos

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra (1991-1996) y en Ciencias Políticas por la UNED...

 
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