Un fondo de inversión ha comprado mi edificio y quiere echarme
De un día para otro, vecinos de Barcelona han visto cómo su edificio cambia de dueño. Propietarios sin rostro, escondidos bajo siglas de sociedades opacas, que exigen la expulsión de los inquilinos o imponen subidas desorbitadas del alquiler
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Bloque de viviendas afectado por la compra de un fondo de inversión en la avenida de Barcelona de Sant Joan Despí / @AvdBarcelona113
Madrid
Neus vive desde hace 12 años en un piso de alquiler en la zona del Eixample en Barcelona. A dos calles de la Sagrada Familia, ha visto cómo su barrio poco a poco se transforma. Reside en un edificio de propiedad vertical y el verano pasado recibió un aviso para abandonar en 30 días la vivienda. "El bloque pertenecía a una sola propietaria, a una sola familia. Se le pagaba el alquiler a final de mes, una situación normal, incluso si te retrasabas, lo entendían porque la gente tiene muchas realidades". Hace casi un año la dueña falleció. "Como no tenía herederos directos, aprovecharon para venderlo. Era una oportunidad golosa, con mucho movimiento de compraventa en la ciudad e interés por invertir. En nuestro caso fuimos a parar a una familia francesa, según el representante de la propiedad, un chico joven que viene a vendernos la moto".
En el registro de la propiedad y en los burofax que empiezan a recibir figura el nombre de una empresa: Topal Trade SL. "Creemos que es un fondo de inversión, como muchos que han aterrizado en la ciudad". Según su ficha, esta sociedad comparte domicilio fiscal con una decena de empresas. Se constituyó en abril de 2017 siendo administradora única una señora con más de 100 sociedades a su nombre en Barcelona, miles en toda España. Es el perfil típico del testaferro, sociedades que se emplean para el blanqueo, las crea y las vende, opinan expertos consultados. En junio un tal Frederic Monceau es nombrado administrador único. No hay datos de número de empleados ni facturación. Su actividad: agentes de la propiedad inmobiliaria.
"En cuanto entran mandan un burofax diciendo que tu contrato está fuera de plazo y que te vayas en 30 días. Nosotros habíamos tenido contratos de cinco años y se habían ido renovando, lo que no sabíamos la mayoría es que, según la antigua propiedad, estábamos en renovaciones mensuales. En las reuniones nos dicen que entienden nuestra situación pero que esto es Barcelona y tenemos que abandonar nuestros hogares", explica Neus, quien decide un día bajar al portal, parar a los vecinos y explicarles lo que estaba pasando. El edificio está formado por 28 apartamentos y dos locales comerciales. "Había gente de traje constantemente, convocamos una reunión y me sorprendió porque bajó casi todo el mundo. Nos alegró porque la gente quería hacer cosas pero también sientes tristeza cuando ves cómo un problema te une, has tenido 10 años para conocer a tus vecinos".
Intentan organizarse y resistir. Piensan que podrían asumir una subida razonable del alquiler. "No podemos pagar 1.200 euros, es lo que se está pidiendo en el barrio. Depende de la situación y los años, el que menos paga son unos 600 y el que más, unos 850. Unos llevan 25 años, otros 18, en mi caso, 12. Es mi casa, mi barrio, mis referentes. Los niños van a la escuela en la misma calle, el médico también está al lado". También ofrecen comprar las viviendas. No hay manera de negociar con el nuevo propietario ni contactar con los antiguos. Tampoco existe una división horizontal del edificio. “Solo quieren que nos vayamos. En la primera reunión nos dijeron que nos mandarían nuevos contratos de alquiler. Nunca llegaron, estamos en un limbo, juegan con esa inestabilidad para que nos agotemos y nos marchemos". Alguna familia ya lo ha hecho. "No querían vivir con esa presión, con las amenazas, tenían hijos pequeños y no soportaban esa situación de tensión".
Manifestación de los vecinos de Roger de Flor 209 bajo el lema: "No nos echarán" / ROGERDEFLOR209.COM
Según la propiedad, a Neus se le acabó el contrato el 15 de julio del pasado año. Ella defiende que vence en julio de este año. Ya tiene una denuncia por no abandono del domicilio. Otros cinco vecinos también han recibido esa demanda. "Creemos que quieren hacer una rehabilitación de esas baratas y vender los pisos a toda costa". Sospechas no le faltan. "Si giras la esquina de nuestra calle, hay unos bloques que se compraron hace ahora unos tres años y son propiedad de un israelí que ha hecho precisamente eso. Ha sacado a toda la gente que estaba de alquiler, los ha rehabilitado y hace un mes ha vendido el último. Un piso de 68 metros cuadrados por 530.000 euros". Asesorados por el Sindicat de Llogaters, los vecinos del 209 de la calle Roger de Flor forman parte de la red de edificios en lucha. Tienen más de 20 localizados en Barcelona. "Estas empresas se caracterizan por la opacidad y las mentiras. Tienen un plan de negocio marcado, presionar hasta expulsar a los vecinos".
A unos 20 kilómetros de Barcelona, 150 familias viven la misma situación de tensión e incertidumbre. Óscar es uno de los vecinos afectados de un bloque en Sant Joan Despí. El edificio se construyó entre 2006 y 2008, está al lado de los estudios de TV3 y pertenecía a Caixa Penedès. Logró vender algunas viviendas pero el resto empezaron a llenarse de okupas. Arrenda Asociados adquirió el inmueble y lo puso en alquiler. En 2013 entraron a vivir más de 100 familias. Hace unos meses otra empresa les envió una notificación. Medasil Desarrollos, gestora y administradora inmobiliaria con vínculos con Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más poderosos del mundo. "Nos enteremos por casualidad de la compra. A los que se le cumplía el contrato en marzo, recibieron un burofax para que dejaran las llaves. Cuando empezamos a movernos y fuimos al registro mercantil, nos dimos cuenta de que una empresa había comprado la otra".
A través de un grupo de Whatsapp empezaron a organizarse. Crearon una comisión de voluntarios con dos representantes por portería e iniciaron las negociaciones. "A la primera reunión, vinieron los antiguos propietarios con los nuevos. Nos dijeron que querían un incremento en los alquileres de entre el 40 y el 100%". La mayoría de contratos están pendientes de renovación. Regidos por la anterior ley de arrendamientos urbanos, cumplidos los cinco primeros años se negocia una ampliación de tres más. "Tú pagas según las dimensiones del piso, la altura y la vistas. Mi piso es un segundo con tres habitaciones, de unos 70 metros cuadrados y pago alrededor de 700 euros. Por ejemplo, nos dijeron que un apartamento del cuarto similar al mío, tenía que pasar de 700 a 990 euros al mes. Eso es una subida inasumible para gente obrera como nosotros".
Los vecinos lanzaron una contrapropuesta. Veían justa una subida conforme al IPC e incluso estaban dispuestos a asumir un incremento del 20% en tres años, primero un 10 y en los dos siguientes años, un 5%. "En la segunda reunión, seguían erre que erre, hicieron caso omiso. No la habían estudiado y solo querían un subida superior al 40% con negociación individual, no colectiva", explica Óscar. Al tercer encuentro han accedido a una negociación en bloque. "Propusieron un aumento del 35% en tres años, pero no es así. El primer año es un 10%, el segundo otro 10% sobre el incremento del anterior y el tercer año, un 15% sobre los dos años previos. Me piso se iría a casi 1.000 euros más la diferencia de la fianza que no exigen". Fue rechazada. La presión social y el apoyo mediático e institucional les ha llevado a acercar posturas. La asamblea votó a favor de una subida del 20% (5+5+10) en tres años para los contratos que acaban este 2018 y seguirán negociando ese incremento para los que expiran en 2019 y 2020. Ahora están a la espera de recibir un borrador que valoren sus servicios jurídicos.
Cualquier reubicación o expulsión tiene, más allá del componente económico, efectos sociales. Óscar entró a vivir con su pareja y ahora tiene dos hijos. "A la mayoría se nos cumple el contrato y estamos en fecha de matricular a nuestros hijos en el colegio, ¿dónde lo vamos a hacer si nos quieren echar?", se pregunta. "No me dejan montar una familia", zanja. Pese al avance de las negociaciones, sospechan que la intención de la empresa es vaciar el bloque y montar pisos de alto standing. Son conscientes de que la ley actual juega en su contra pero piensan resistir. "Jurídicamente hasta que no haya una orden judicial no te pueden echar de tu casa, nadie se va a ir porque ahora se cumpla el contrato. Si hace falta, depositaremos las mensualidades en un juzgado con notario, nosotros no vamos a dejar de pagar, pero nuestro enemigo es el tiempo para cerrar un acuerdo". Han recibido el apoyo del alcalde y la mayoría de fuerzas políticas, que colaboran en busca de esa solución para que más de 100 familias puedan tener un hogar y un proyecto de vida.
Bloques afectados por fondos buitre (pincha para ver el detalle) / SINDICAT DE LLOGATERS
Desde el Sindicat de Llogaters comandan esta red de edificios en lucha. Según sus últimos datos, 15 entramados inmobiliarios poseen más de 3.000 pisos en Barcelona, y han elaborado un mapa de los bloques afectados por fondos de inversión. "Hay cerca de 100 edificios comprados por fondos buitre en Barcelona ciudad. Hay mucha propiedad vertical que no tiene hecha la división horizontal. Estos inversores compran un edificio entero que les reporta 20 ó 30 rentas del alquiler. Unido a la posibilidad de hacer reformas, convertirlos en pisos de alto standing, es un caramelo. Expulsan a los inquilinos, pero siempre hay un vecino que da la voz de alarma cuando llega la carta para pagar a otra empresa", explica Irene Sabaté, una de las portavoces del sindicato. "La mayoría no negocia una subida de alquiler ni da derecho de tanteo. El negocio es sacar a todo el mundo", resume el sociólogo Javier Gil. En Barcelona, avisa Jaime Palomera, "la lista de bloques amenazados por especuladores es larga: Eixample, Sant Antoni, Gràcia, Les Corts, Zona Franca, Sant Joan Despí... [...] Es solo la punta del iceberg. La nueva burbuja es terrible, y no queremos verla".
