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Secretos oficiales

El PP desbloquea la ley del PNV sobre secretos oficiales en vísperas de presentar los Presupuestos

El desbloqueo llega 24 horas antes de que el portavoz vasco pregunte sobre el asunto a Rajoy en la sesión de control, aunque tanto PP como PNV desvinculan en público el movimiento de un guiño a la negociación presupuestaria

La ley del PNV pide desclasificar los documentos secretos a los 25 años y los reservados a los 10. PP y PSOE anuncian enmiendas parciales a la tramitación de la proposición del grupo Vasco que espera que esas modificaciones no desnaturalicen su iniciativa

El Congreso de los Diputados / EFE

Madrid

En vísperas de la presentación de los Presupuestos, para los que el PP necesita los votos tanto de Ciudadanos como del PNV, el Congreso ha aprobado este martes, con el apoyo del partido del Gobierno, un guiño significativo al grupo vasco al desbloquear la reforma de la ley de Secretos Oficiales, que permanecía bloqueada desde hace casi un año y medio y acumulaba ya más de cuarenta prórrogas de enmiendas. De este modo, el Parlamento iniciará la negociación parlamantaria para tramitar una iniciativa que persigue desclasificar de forma automática los documentos declarados secretos a los 25 años, y a los 10 años las materias consideradas reservadas, estableciendo como único criterio el meramente temporal para que el Gobierno acceda a la publicación de esos documentos. De aprobarse la ley supondría la desclasificación de miles de documentos de la Guerra Civil y el franquismo que permacen vedados a los investigadores e historiadores.

El desbloqueo llega en vísperas de que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, formulara una pregunta al respecto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control de mañana y a una semana de que el Gobierno presente las cuentas en Consejo de Ministros. Ni Ciudadanos ni tampoco el PSOE han pedido más prórrogas y lo mismo ha hecho el PP que, tras votar en contra de la toma en consideración de la ley y prorrogarla sistemáticamente, este martes ha dejado de bloquearla con el argumento de que son partidarios ahora de darle una vuelta porque se trata de una legislación antigua sobre la que cabe abrir un debate. Eso sí, el portavoz el PP, Rafael Hernando ha desvinculado este gesto de un presunto guiño al PNV en la negociación presupuestaria aunque ha ironizado añadiendo que "nosotros estamos siempre haciendo guiños constantes en el Congreso, incluso poniendo ojitos a algunos, aunque con resultados desiguales".

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aunque se ha felicitado del desbloqueo ha señalado que no tenía información de que éste iba a producirse hoy y ha asegurado que mantendrá su pregunta este miércoles al presidente Rajoy en la sesión de control. Esteban ha asegurado que, pese a este movimiento, "no hay novedad en relación con los presupuestos. Nosotros no hemos hablado con nadie y el 155 sigue ahí", en referencia a la línea roja del PNV que siempre ha manifestado que no negociará las cuentas mientras no se desbloquee la situación en Cataluña y finalice la intervención del Estado.

El Gobierno ha utilizado además su prerrogativa del veto presupuestario para responder de forma antagónica dos proposiciones de ley sobre vivienda presentadas en el Congreso. El Ejecutivo ha vetado, en un bloqueo confirmado este martes por PP y Cs en la Mesa del Congreso, la iniciativa de la Plataforma Antidesahucios (PAH) registrada por Unidos Podemos, ERC, Compromís y Bildu para regular la dación en pago retroactiva, fijar un tope máximo de precios de alquileres públicos y facilitar la ocupación de viviendas vacías de los bancos para familias desahuciadas. El Ejecutivo aduce que poner en marcha todas esas medidas supondría un aumento del gasto de 90.000 millones en diez años.

Sin embargo, el Gobierno ha dado luz verde a otra ley de Segunda Oportunidad presentada por Ciudadanos el mismo día que la de la PAH y que preveía también la dación en pago para casos vulnerables (y sin carácter retroactivo) y contemplaba también que las familias con menos recursos y amenazadas de desalojo pudieran seguir ocupando su vivienda durante al menos tres años prorrogables con un alquiler gratuito y simbólico. En ese caso el Gobierno no ha visto argumentos para el veto dando luz verde a que el Congreso tramite una ley de su socio de investidura, también en vísperas de la aprobación de los presupuestos.

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