El Congreso estudiará verificar y sancionar por primera vez la falsedad en la declaración de actividades y currículos de los diputados

Madrid

Por primera vez, el Congreso estudiará la posibilidad de verificar y, en su caso sancionar, a aquellos diputados que falseen sus datos académicos o las actividades privadas que declaran ante la Cámara y que puedan vulnerar el régimen de compatibilidades. La medida, que el PSOE lleva meses demandando, forma parte de la propuesta que el PP va a plantear al resto de grupos, aunque fuentes del partido niegan que guarde relación con el caso Cifuentes y aseguran que la vienen madurando desde hace tiempo.

El reglamento del Congreso sólo obliga a los diputados a presentar una declaración de bienes y actividades pero no exige que éstos acrediten su nivel académico. Depende de cada parlamentario si hace público su currículum y con qué grado de detalle, ya que nada les obliga a especificar ni titulación ni universidad. Además,  y al igual que ocurre con las actividades privadas de sus señorías,  la Cámara ni verifica que lo declarado se corresponde a la realidad ni hay ningún mecanismo para sancionar una posible falsedad en lo que se declara haber estudiado o estar ejerciendo. 

Ahora, el PP propone mantener el régimen de compatibilidades como está, sin dedicación exclusiva al escaño, pero por primera vez y tras rechazar durante años peticiones en este sentido de los grupos de izquierda, se abre a que el Congreso pueda comprobar la veracidad de lo que declaran sus señorías sancionando en su caso la omisión, falseamiento o el maquillaje de las actividades privadas o los datos académicos si se demuestran que han vulnerado la ley.

Según ha sabido la SER, el PP amplía su planteamiento de verificación y eventual exigencia de responsabilidades también a las actividades privadas y para ello propone otorgar nuevas competencias a la comisión del Estatuto del Diputado mediante un acuerdo político que pueda desembocar en una reforma del Reglamento del Congreso. Los populares plantean ampliar y detallar los formularios de declaración, actualizarlas si se producen novedades en la situación del diputado y reforzar los mecanismos de asesoramiento previo para que ningún parlamentario pueda alegar desconocimiento sobre las consecuencias a las que se enfrenta. Fuentes del PP señalan a la SER que no se trata de convertir al Congreso en una instancia policial porque se basan en el principio de confianza en los parlamentarios pero sí buscan mejoras que salvaguarden la correcta aplicación de la ley y eviten que, en caso de vulneración, paguen justos por pecadores y se extienda la sombra de sospecha sobre el conjunto de los diputados.

Fuentes del PSOE consultadas por la SER consideran claramente insuficiente la propuesta del PP aunque están dispuestos a hablar para introducir mejoras siempre que el debate sea en el seno de la comisión del Estatuto del Diputado y con todos los grupos. A diferencia de los populares que no modifican un ápice el actual sistema de compatibilidad de actividades, los socialistas reclaman desde hace meses lo que ya instauró Pedro Sánchez de forma obligatoria para el grupo parlamentario:  la dedicación exclusiva el escaño, de modo que un diputado no pueda tener otras actividades remuneradas, más allá de las autorizadas por la ley. Además, su propuesta de control y sanción -que mantienen desde hace meses- es mucho más ambiciosa ya que piden un régimen sancionador detallado, que el Congreso verifique todas las declaraciones de actividades y académicas de los 350 diputados y que, en caso de duda o sospecha, la Cámara pueda recabar documentación no solo al interesado sino a los organismos afectados, sean públicos o privados para comprobar que la que aporta el diputado se corresponde con la realidad. El PSOE recuerda que ellos fueron los únicos que no avalaron con su voto el dictamen de compatibilidad de actividades que aprobó el Congreso el año pasado como forma de protesta y reivindicación de estas medidas de control y transparencia.

Ciudadanos y Unidos Podemos aseguran no haber recibido aún la propuesta del PP aunque en ambos casos se muestran partidarios de mejorar los mecanismos de control y eventual sanción de los incumplimientos. La formación morada eso sí se declara escéptica ante la "oportunista voluntad de transparencia" del PP -dicen- tras su actuación en el escándalo por el máster de Cristina Cifuentes.