Bronca sobre el máster de Cifuentes en el debate del Congreso sobre financiación y transparencia de los partidos
El pleno del Congreso aprueba, con el único voto en contra del PP, un dictámen de 75 recomendaciones para reformar la ley de financiación y la de partidos políticos
PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos reprochan a los populares su nula voluntad regeneradora y ponen como ejemplo su actuación en el caso Cifuentes mientras el PP responde que la reforma sólo pretende sacar dinero a los españoles para financiar primarias o primar a los partidos que sitúen a mujeres en sus cargos orgánicos
El dictámen pide endurecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, congelar las subvenciones a las formaciones que no presenten sus finanzas al Tribunal de Cuentas y obligar a los partidos a que respondan patrimonialmente de los delitos de financiación cometidos por sus cargos orgánicos y públicos.
Imagen de archivo del Congreso / EFE
Madrid
La polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes ha sobrevolado este jueves el debate del Congreso en el que se votaba el dictámen, pactado entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos con 75 propuestas para reformar la ley de financiación y de partidos políticos, endureciendo el delito de financiación ilegal o congelando las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas en tiempo y forma. El informe ha salido adelante con el único voto en contra del PP en un debate en el que el máster de Cristina Cifuentes ha vuelto a convertirse en arma arrojadiza en el hemiciclo.
La oposición lo ha traido a relucir como ejemplo de la "nula voluntad regeneradora" del Partido Popular que hoy ha votado en contra de propuestas para mejorar la transparencia y el funcionamiento democrático de los partidos, además de endurecer el control sobre los mecanismos de financiación y rendición de cuentas.
"El PP ni está ni se le espera cuando se habla de regeneración. Siempre renuente y siempre arrastrando los pies pero ¿saben una cosa? la sociedad española ya no puede esperarles más y la calidad de nuestra democracia tampoco", ha espetado el diputado socialista Artemi Rallo, reprochando al PP su "aplausómetro" a Cristina Cifuentes en la reciente convención de los populares en Sevilla en pleno escándalo por el máster universitario.
También Juan Pedro Yllanes, de Unidos Podemos, ha acusado al PP de no sumarse a un acuerdo que ha supuesto un notable esfuerzo para que fuerzas políticas distintas hayan aparcado sus diferencias. "El consenso no sale gratis, aquí lo único que parece salir gratis y sin el más mínimo esfuerzo son títulos expedidos por la Universidad Rey Juan Carlos para mejorar currículos mediocres, eso sí que se regala".
Melisa Rodríguez de Ciudadanos ha defendido también las propuestas de un "acuerdo transversal" para mejorar la financiación y la transparencia de los partidos, al tiempo que pedía al PP que explicara a los españoles cuánto ha costado la corrupción y la financiación ilegal de su partido.
La encargada de dar la réplica ha sido la diputada popular Beatriz Escudero que se ha lanzado al ataque para acusar a la oposición de "solemnizar lo obvio" con un documento intervencionista sobre cómo deben organizarse los partidos políticos y que, a su juicio, no incluye ninguna lección de regeneración para el PP que ha presentado en los últimos años una ambiciosa batería de medidas legislativas para luchar contra la corrupción.
Escudero ha censurado alguna de las medidas recomendadas en el dictámen que propone primar las subvenciones a aquellos partidos que realicen primarias, refuercen los controles democráticos internos o fomenten la paridad, bajo el argumento de que supondrán un coste añadido para los ciudadanos. "Quieren sacar dinero a los españoles para hacer primarias, poner mujeres y formar a los tesoreros de los partidos", ha asegurado.
Entre las recomendaciones aprobadas hoy por el pleno figuran el endurecimiento del delito de financiación ilegal de partido, reduciendo las cuantías establecidas para una condena y también acabar con uno de los "coladeros" que había dejado abierta la reforma del PP, al seguir permitiendo las donaciones a las fundaciones de los partidos políticos. El informe propone asimilar esas donaciones a las restricciones impuestas a los partidos (que no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y tienen limitado el importe de las de personas físicas por particular y año), incorporarlas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y publicar el nombre de los donantes a partir de un determinado importe.
También exige regular por ley la obligación de que los partidos respondan patrimonialmente ante los delitos de financiación ilegal cometidos por sus cargos públicos u orgánicos y que el Tribunal de Cuentas, para el que proponen una amplia reforma de competencias y recursos, pueda "congelar" las subvenciones públicas a aquellos partidos políticos que no entreguen en tiempo y forma los datos relativos a sus finanzas.
El informe aborda también la necesidad de "unificar y ordenar" toda la legislación dispersa relativa a las subvenciones de los grupos institucionales (grupos parlamentarios o municipales). En este sentido exige que esas fuentes de financiación heterogéneas en la actualidad, al depender de los propios ayuntamientos e instituciones, se incorporen a la contabilidad general de los partidos el partido y como tales sean fiscalizadas.
El dictámen apunta igualmente a la necesaria transparencia, modernización y democratización interna en el funcionamiento de los partidos políticos y en ese sentido apuesta por la celebración de primarias para elegir candidatos a la presidencia del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a partir de una determinada población.
También propone regular el crowfunding para las primarias de los partidos, de modo que las aportaciones recibidas por los candidatos tengan los mismos criterios de transparencia que las donaciones que reciben los propios partidos, así como que en los procesos de primarias se atiendan mediante "un proceso de singularización pública".
