La Unión Europea revisará las sanciones a Zimbabwe tras el adiós de Mugabe

Las sanciones de la Unión Europea contra Zimbabwe fueron introducidas por primera vez en febrero del 2002, cuando el Consejo expresó sus graves preocupaciones por la situación en aquel país, especialmente por las serias violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Mugabe que llevaba ya en el poder 37 años.

Los últimos años se han prorrogado esas sanciones anualmente de forma casi automática. El Parlamento Europeo aprobó varias resoluciones que afectaban a la grave crisis alimentaria, la adquisición de tierras, las denuncias de violaciones de mujeres y niños, y las elecciones no democráticas. Ahora esperan a ver el desarrollo de las elecciones convocadas en el mes de julio y que tendrán observadores internacionales para promover un cambio de postura. Miguel Urban, eurodiputado de la formación Podemos e integrante de la comisión de exteriores, se muestra cauto: "Habrá que esperar y ver como se llevan a cabo esas elecciones, y analizar si se llevan a cabo en un marco de pluralidad, con la participación de diferentes actores".

El vicepresidente del gobierno de transición de Zimbabwe, Mohabi, que ocupa la jefatura de gobierno después de la retirada de Robert Mugabe, empujado al exilio por las multitudinarias manifestaciones de jóvenes que salieron a la calle pidiendo reformas y democracia, considera que las sanciones deben revisarse a medida que su país da pasos hacia la democratización: "Las sanciones siguen pero ya estamos en negociaciones bilaterales con algunos países para poder levantarlas. Algunas son de hace más de 20 años". 

El proceso llevará su tiempo, según Orban, porque "el Parlamento tendría que votar la propuesta de algún grupo o de alguna comisión. Antes de enero de 2019 sería muy raro que ocurriera, salvo que hubiera algún interés muy poderoso que sería probablemente algún interés de tipo económico". Precisamente la reciente visita del vicepresidente de Zimbabwe a España tenía como objetivo, además de presentar el nuevo escenario político, dar garantías a las empresas españolas que quieran invertir allí.