El Consejo de Estado avala recurrir la ley para investir a Puigdemont a distancia

Madrid

El Consejo de Estado se ha mostrado tajante por unanimidad con la investidura a distancia. Es inconstitucional y por tanto, los consejeros animan al Gobierno por unanimidad a que presente recurso para su suspensión. El órgano asesor del Gobierno considera que un trámite tan relevante como este no se puede realizar en ausencia y el candidato debe intervenir de forma personal y presencial.

El ejercicio "personal", dicen los consejeros, cristaliza la relación entre los diputados y sus electores. De ahí que sean "estas personas, y sólo éstas, las únicas que pueden y deben ejercer el oficio público para el que han sido elegidas". Además no solo hablamos de la investidura, sino también de actos como la cuestión de confianza o la moción de censura. En todos ellos, por el respeto al Parlamento, los candidatos deben comparecer personal y presencialmente.

Otro de los reproches del Consejo de Estado se refiere a la forma de tramitación de esta ley, que se ha hecho por lectura única y debería haberse hecho por "el procedimiento legislativo común", que permite un debate más rico: en ponencias, en comisión y en el pleno y no únicamente por el pleno.

El Consejo de Estado aprueba en cambio que esta ley del Gobierno de Cataluña puede regular el uso de medios telemáticos para la celebración de sesiones pero con dos condiciones:

• Que las sesiones a distancia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña deben celebrarse desde Barcelona. Es decir que la utilización de medios telemáticos no se puede traducir en un desplazamiento de dicha sede permanente a un lugar distinto de Barcelona, ni dentro del ámbito territorial de Cataluña
• Los miembros del Consejo de Gobierno que no estén en Barcelona sólo podrán participar en las sesiones a distancia si se encuentran dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Por tanto, si están en España pero fuera de territorio catalán o en el extranjero, tendrán que ser sustituidos por los Consejeros que se encuentran presentes dentro de la comunidad.

El Consejo de Estado ha llegado a estas conclusiones para que servirán como base en el recurso que presentara Rajoy al Tribunal Constitucional. El objetivo es que se produzca la suspensión automática de la ley y que se proceda a la inmediata advertencia al presidente del Parlamento y a los demás miembros de la Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.