Nuevo récord de okupación de inmuebles

El Ministerio del Interior registró 10.619 delitos y faltas por okupaciones de inmuebles en 2017, un 5,8% más que un año antes. El dato es el más elevado desde 2012 y rompe la tendencia a la baja conseguida en 2016, cuando el número de okupaciones descendió a 9.998. En total, a Interior le constan 55.049 delitos por okupaciones de inmuebles en los últimos seis años.

Para explicar el alcance de estas cifras, Interior remite al artículo 245 del Código Penal que recoge la okupación. "Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena". Pero también se refiere al que se mantiene en el inmueble sin violencia: "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular", recoge el artículo.

Según el juez José María Fernández Seijo, el magistrado que consiguió que la Justicia europea enmendara la ley hipotecaria española, "en la mayoría de los casos, quienes piden el desalojo de las viviendas son fondos de inversión que compraron edificios enteros al inicio de la crisis por precios ridículos o casi ridículos y que ahora que ha subido el mercado inmobiliario los quieren revender y hacer negocio".

Niega que la mayor parte de los que okupan sean mafias, "sino que se debe más bien a movimientos especulativos de esos fondos". Seijo asegura que "los supuestos en los que la okupación afecta a un propietario particular, a un pequeño inversor, son muy reducidos. En algún caso se ha detectado que pudiera haber una mafia que se ocupara de detectar pisos vacíos y realquilarlos, pero estamos hablando siempre de porcentajes casi anecdóticos. Detrás de todas las peticiones están fundamentalmente esos fondos de inversión", destaca.

Familias okupas

Seijo relata que el perfil de okupa que más se ve en los juzgados es el de una familia "que no tiene solucionado el problema habitacional, familias en estado de necesidad, víctimas de la crisis". En algunos casos, "sí que se ha detectado que el movimiento okupa, más como reivindicación social que como necesidad efectiva, ha okupado algunos edificios emblemáticos de la ciudad que llevaban mucho tiempo vacíos", cuenta el magistrado.

Mientras tanto, la comisión de Justicia del Congreso ha aprobado a una proposición de ley para desahuciar a okupas de viviendas de personas físicas, instituciones públicas y ONG en 20 días en lugar de en los dos años actuales. La iniciativa, del PdeCat, ha sido apoyada por el PP, PNV y Ciudadanos y rechazada por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís y sólo necesita el visto bueno del Senado para su aprobación definitiva.

Para Seijo, esta reforma "responde más a dar satisfacción a especuladores". En su opinión, "la Ley de Arrendamientos Urbanos o la Ley de Enjuiciamiento Civil necesitan una reforma en profundidad, integral". En la práctica de los juzgados, apunta, "el volumen de los asuntos que hay es tan grande que será imposible cumplir esos plazos si no se crean nuevos juzgados, si no se mejora la oficina judicial. No es un problema de leyes, sino de medios", sentencia.

Los vecinos, preocupados

Diferente visión tiene Enrique Vendrell, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, quien sostiene que la okupación "preocupa mucho a los propietarios afectados y también a las comunidades de vecinos en las que están ubicadas las viviendas".

Vendrell sí cree que la okupación obedece "más a un perfil de okupación delictiva. Grupos mafiosos que proporcionan viviendas en régimen de okupación a personas que puedan tener necesidad, aprovechándose de ellas, por una cantidad muy inferior a un alquiler. Les permiten acceder a esa vivienda que ellos han obtenido a base de forzar el acceso y cambiar la cerradura", explica.

Y cree que los datos del Ministerio del Interior se quedan cortos, porque no todos los propietarios, sobre todos los particulares, actúan por la vía judicial. Los afectados "tratan de obtener una solución extra judicial a cambio de unas cantidades que estos okupantes exigen para dejar la vivienda, tanto okupantes que están viviendo en ella, como otros que simulan una situación de residencia para obtener a cambio una compensación", señala Vendrell.