Los jueces y fiscales, en huelga contra el "deterioro" de la Justicia

Madrid

Después de varios paros parciales en las últimas semanas, las asociaciones que representan a jueces y fiscales de toda España concluyen sus protestas para reclamar hasta 18 reivindicaciones al Ministerio y al CGPJ como la distribución de unas cargas de trabajo saludables, más autonomía del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial

Jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias" en la labor de estos profesionales.

Entre las reclamaciones, según explica Emilio Sánchez, de la Unión Progresista de Fiscales, los jueces “exigen el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial para conseguir una justicia rápida, eficaz, moderna y tecnológicamente competitiva”.

Las asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han consensuado 18 asuntos para la mejora de la situación:

1.- Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías.

2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia

3.- Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género.

4.- Supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

5.- Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales.

6.- Esfuerzo inversor. Un plan destinado a incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, a la modernización de los edificios judiciales; a implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional.

7.- Racionalización de la planta judicial evitando la precarización, suprimiendo las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas. Despolitizar la justicia: regular las puertas giratorias, cambiar el CGPJ y nombramientos más transparentes

8.- Remodelación de la oficina judicial

9.- Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.

10.- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

11.- Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.

12.- Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

13.- Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

14.- Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.

15.- Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.

16.- Atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado.

17.- Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.

18.- Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.