El régimen de Assad reconoce como muertos a miles de presos políticos

Beirut

Su nombre era Yahia Shurbaji pero se hizo popular como el hombre de las rosas. En los primeros compases de la revolución siria, en 2011, este activista de Darayya, en los suburbios de Damasco, tuvo la idea de repartir rosas y botellas de agua entre los miembros de las fuerzas de seguridad del régimen.

Insistía que había que construir pacíficamente una nueva Siria donde “se pudieran solucionar los problemas internos con la razón, no con las armas como el régimen de Bashar al-Assad acostumbra a resolver sus problemas con el pueblo”.

A pesar de su posicionamiento en favor de la lucha no-violenta -o quizás precisamente por ello-, el régimen de Assad le tendió una emboscada y lo arrestó en septiembre de 2011. Tras perderle el rastro, ahora sus familiares han descubierto que murió en diciembre de 2013 en prisión.

Este ha sido el mismo destino de tantos otros activistas seculares o contrarios a la violencia, según están sabiendo ahora sus familiares. Durante las últimas semanas, el régimen ha mandado a los registros civiles de todo el país, listas actualizadas de muertos bajo custodia. Para muchos familiares fue un impacto recibir la llamada del registro informándoles que podían pasar a buscar el certificado de defunción de su ser querido, de quién buscaban noticias hacia años.

“El régimen está venciendo y pensábamos que querrían dar una buena imagen ante la comunidad internacional, mostrar qué algo está cambiando en Siria. No nos esperábamos este comportamiento. Hay rabia y frustración entre los sirios por ello”. Así hablaba a Cadena SER Noura Ghazi Safadi, doblemente afectada por esta ola de notificaciones. De un lado, como abogada por lo Derechos Humanos que trabaja para documentar los crímenes del régimen. Del otro, como viuda del prominente activista sirio Bassel Khartabil. Arrestado en 2012, fue ejecutado en una prisión del régimen en octubre de 2015.

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Según la Syrian Network for Human Rights, más de 75.000 personas han sido víctimas de desapariciones forzosas a manos del gobierno sirio desde 2011. Y en un informe del pasado año, Amnistia Internacional aseguraba que unas 30.000 personas habrían muerto en prisiones del régimen desde que empezaron las protestas. Casi la mitad de ellas, debido a ejecuciones extrajudiciales.

Momento de fuerza

La decisión de dar a conocer ahora estas muertes muestra, según muchos analistas, la confianza que tiene el régimen en su fortaleza actual. En la primera mitad del año, las tropas de Assad han ganado dos territorios rebeldes clave: Ghouta Oriental -en los suburbios de Damasco- y el simbólico sur del país -donde empezaron las protestas-. Con este gesto, además, da respuesta a una demanda reiterada por parte de su aliado ruso, que es partidario de cerrar el conflicto a través de una vía diplomática y mira ya hacia la posguerra. Para el periodista Mohanad Hage Ali, “se trata de un intento de pasar página. Hay un nuevo contrato social ahora en Siria. Y el mensaje es: esto es lo que pasa si te revueltas, mueres en una notoria y tortuosa prisión”.

La lucha de Ghazi Safadi por el derecho a saber continua, ahora para encontrar los cuerpos de los fallecidos y conocer la causa de la muerte: “Escribiendo en el certificado de defunción que la muerte fue por ataque al corazón u otras enfermedades, el régimen quiere evitar responsabilidades. Pero sabemos que las principales razones de las muertes son torturas, malos tratos y también hay muchos casos de ejecuciones”. Y confía, aunque haya pocas esperanzas, en poder sentar algún día a los responsables ante un tribunal internacional.