El SUP solicita al Defensor del Pueblo que se persone contra la "ley de abusos policiales"
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en el Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a la norma por el ejecutivo de Mariano Rajoy ante el TC
Agente y coche de policía en Valencia / JEFATURA SUPERIOR CV - Archivo (EUROPA PRESS)
Madrid
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado al Defensor del Pueblo que se persone en el Tribunal Constitucional en contra de la ley vasca de “abusos policiales”. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en el Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto la retirada de la apelación interpuesta a la norma por el ejecutivo de Mariano Rajoy, ahora el sindicato policial solicita que se continúe con el recurso a una ley que consideran “inconstitucional”.
El Gobierno Central justificaba la anulación del recurso alegando que se llegaría a un acuerdo con el Ejecutivo vasco y se reharía la ley. Por el momento, la norma continúa siendo prácticamente la misma, a excepción de un par de términos que han sido corregidos.
Desde el SUP se comenzó a tramitar una demanda ante el TSJPV que se formalizará, previsiblemente, en el mes de septiembre, con la que pretenden que el alto tribunal vasco eleve un nuevo recurso de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional.
Luis Rodado, Secretario General del SUP en el País Vasco, aseguraba a la Cadena SER que se ha instado al Defensor del Pueblo a que solicite al Tribunal Constitucional que se mantenga el alegato presentado por el gobierno de Mariano Rajoy: “Es potestad del Defensor del Pueblo. Puede instar a que el recurso de inconstitucionalidad que se presentó no se retire”.
Según Rodado, se servirían así de una doble vía para llegar a un mismo punto: la retirada de la ley. Uno de los artículos de la norma en el que se basan para asegurar su ilegalidad es el de “la comisión de valoración”, una comisión de expertos extrajudicial “que entraría a valorar quien ha sido víctima de torturas”, potestad que hasta el momento es única y exclusiva de los jueces. Luis Rodado apuntaba que para el sindicato, y las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, supone desde el punto de vista legal “una total aberración” que abre “una vía muy peligrosa”, porque concede al gobierno de la Comunidad Autónoma “el poder de decidir sobre asuntos exclusivamente judiciales”.
Para el líder vasco del sindicato policial “después de todo lo que se ha sufrido en el País Vasco en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo y contra el terror es una aberración que a los que han ido asesinando se los llegue a reconocer como víctimas”. “Estamos luchando por el relato final”, explicaba.
Por otra parte, según aseguraba Rodado, desde el SUP se está estudiando emprender acciones judiciales contra el Gobierno de Sánchez porque “retirar el recurso a sabiendas de que la ley es inconstitucional” podría constituir algún tipo de “prevaricación”.
