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El Estado sólo se personará en Bélgica para defender la investigación contra el procés

El Ministerio de Justicia anuncia que contratará abogados privados para personarse en la causa que derive de la demanda civil presentada por Puigdemont y el resto de fugados en Bélgica, pero no para defender a Llarena de sus "actos privados"

Foto de archivo del juez Llarena. /

España defenderá la investigación contra el procés independentista, pero no responderá por las palabras de Pablo Llarena. En un comunicado, el Ministerio de Justicia ha anunciado que contratará abogados privados para personarse en la causa que derive de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y el resto de fugados en Bélgica, pero sólo para defender el proceso de instrucción y no al juez instructor ante lo que denomina "actos privados".

Estos "actos privados" a los que hace referencia el departamento que dirige Dolores Delgado son unas declaraciones públicas hechas por el juez Llarena ante la prensa en Oviedo el pasado mes de febrero, en las que negó que los nueve encarcelados preventivos fuesen "presos políticos". La defensa de varios de los fugados - entre ellos Puigdemont y Toni Comín - entendió que esas palabras ponían en tela de juicio su imparcialidad.

El ejecutivo se personará en la causa belga con abogados privados si la demanda o el proceso judicial que se abra ataca o cuestiona de alguna manera la investigación llevada a cabo por el Tribunal Supremo y su "soberanía e inmunidad jurisdiccional" para instruir el caso, pero no para responder por esas palabras de Llarena. Eso, dice Justicia en un comunicado, "supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra".

El departamento que dirige Dolores Delgado explica en el comunicado que el caso "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española" y que intervendrá si los tribunales belgas cuestionan el proceso de alguna manera, y que lo harán a través de abogados privados según marca la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado y el reglamento que desarrolla la norma.

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