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Miércoles, 24 de Julio de 2019

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Puigdemont acudirá al Tribunal Europeo si España cuestiona la jurisdicción belga

La defensa de Puigdemont quiere que sea el Tribunal Europeo quien determine si el juez belga puede investigar a Llarena

Carles Puigdemont llega para ofrecer unas declaraciones a la prensa tras su reunión en el Martin's Grand Hotel de Waterloo (Bélgica) / ()

Los abogados del expresidente de Cataluña y cuatro de sus exconsejeros -Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig- quieren que sea el Tribunal Europeo quien determine si el juez belga puede investigar al magistrado español y plantearán una cuestión prejudicial ante el TJUE, si hoy España mantiene la falta de jurisdicción del juez de Bruselas.

El primer efecto de esta consulta, si finalmente se plantea, es que el acto de citación del juez Llarena previsto para hoy queda suspendido hasta que el Tribunal Superior Europeo resuelva las dudas planteadas, lo que podría demorarse casi un año.

Los abogados de Puigdemont quieren defender hasta sus últimas consecuencias la competencia del juez belga para investigar las vulneraciones de los derechos a la presunción de inocencia y al honor, cuyo efecto sufrieron en Bélgica porque es su lugar de residencia, según la demanda.

Reacción inmediata

La estrategia de defensa está diseñada para reaccionar en caso de que España, a través del abogado del Estado o del letrado que defienda a Llarena, plantee la falta de jurisdicción (de competencia) del juez belga para investigar las actuaciones del magistrado español.

Los abogados de Puigdemont presentarán una cuestión prejudicial, “referirán el caso” (artículo 267.3 funcionamiento tratado UE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea este organismo comunitario superior quien decida si se cumplen los requisitos para que el Juzgado de Primera Instancia de Bruselas (sección francófona, Primera Sala) pueda investigar la demanda presentada contra otro juez de un país comunitario, porque Bélgica es el país donde ha sobrevenido el daño moral supuestamente causado por las palabras de Llarena.

El daño se produjo en Bruselas

Puigdemont y los demás denunciantes tienen residencia en este país desde hace seis meses y, por tanto, el derecho a reclamar a través de los jueces belgas la vulneración de sus derechos morales, si se han producido en este país, según defiende la demanda.

Los letrados de Puigdemont creen que si se cumplen las condiciones para esta investigación, amparándose en jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo que permite en el supuesto de acciones por responsabilidad civil no contractual una interpretación del Reglamento UE 1215/2012 y, en consecuencia, la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» debe entenderse referida, al mismo tiempo, al lugar donde ha sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante del mismo.

Aunque las declaraciones de Llarena se produjeron durante un acto público en Oviedo en el mes de febrero de 2018, los efectos de esas declaraciones, según la denuncia se materializaron en Bélgica.

El mismo abogados para España y Llarena

La denuncia presentada ante el juez belga no está admitida por el momento y lo que pide Puigdemont es que se cite al juez Llarena para iniciar la demanda civil. Desde el momento en que el abogado defensor del juez Pablo Llarena, el bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, se presente ante el Juzgado de Primera instancia de Bruselas y formalice su personación, podrá alegar la falta de jurisdicción y otras incorreciones del procedimiento. Nuestro país sería considerado una tercera parte interviniente y podría solicitar diligencias que afecten a terceros (en este caso a España).

Un año de espera

Planear la cuestión prejudicial obligará al magistrado belga a suspender la cita de hoy y a enviar el caso al TJUE. Los trámites de alegaciones y proposición de prueba o documentos hasta la resolución sobre el fondo del caso podrían tardar entre 6 y 12 meses.

Si los jueces del Tribunal Europeo dan la razón a Puigdemont, el magistrado belga podrá retomar la demanda civil y dará un mes de plazo a los demandantes para formalizar los cargos y solicitar pruebas. Una vez finalizado ese plazo, la defensa de Llarena tendrá otro mes para contestar a la demanda. Después se celebra el juicio en el que tienen que estar presentes todas las partes, tanto Puigdemont como Llarena. Si Llarena no acude, podría ser declarado en rebeldía y si se niega a contestar se le tendría por confeso.

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