En juego, los derechos de autor en Europa

Madrid

Tiene que ser ahora, porque aplazarlo puede tener un coste muy difícil de recuperar. El Parlamento Europeo afronta elecciones que pueden cambiar equilibrios y, además, los tiempos de la política nada tienen que ver con los de Internet. Es más, pareciera que todo este "complejo" asunto podría regirse por fenómeno de la dilatación del tiempo que Einstein ya predijo: el reloj de la primera marca el tiempo a un ritmo menor que el de Internet.

La directiva de mercado digital único afronta el miércoles un desafío que puede hacer naufragar un trabajo de trenzado político y técnico de años en el que la unanimidad es ciencia-ficción. Hace ahora 17 años, la Comisión Europea empezó a trabajar en una legislación sobre Internet y la creación. Visto ahora, parece el pleistoceno. Y, Einstein mediante, todavía no se ha concretado esa voluntad política de aprobar una norma común que sirva también en el futuro, considerando que los cambios en Internet crecen de manera exponencial.

Años después, tras el paso por varias comisiones, el rechazo de una aprobación por lectura única y una batalla campal en el que hay variados frentes abiertos, el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre la directiva que tiene en dos artículos el nudo gordiano del problema ya que en ellos se dirimen intereses que afectan a los creadores, a las plataformas que ofrecen contenidos y a los consumidores finales. Intereses que parecen imposibles de reconciliar.

Por un lado, está el artículo 11 que afecta a los autores, editores de prensa y a los agregadores de noticias. Y por otro, el artículo 13 que responsabiliza a los proveedores de servicios de los contenidos que los usuarios suban a la Red. Entre otras razones, la directiva apunta al derecho de los creadores de gestionar su trabajo como crean conveniente, para que puedan cobrar por su trabajo, retirarlo si así lo deciden y tener información sobre su uso. Siempre, y tal y como dice el redactado del artículo de "manera adecuada y proporcionada".

La batalla española, en la que los partidos políticos nacionales con representación parlamentaria parecen estar de acuerdo, se centra en lo que se ha denominado "transferencia de valor" que en realidad se reduce a la retribución que reciben los creadores de aquellas plataformas que ganan dinero (y a veces, pagan menos impuestos de los que se considerarían razonables) con su trabajo. El gobierno español considera tan necesario como justo que los derechos de autor logren unos beneficios que ahora, afirman, no disfrutan como deberían.

Entre quienes se oponen, en toda Europa, aquellos que consideran que los principios básicos por los que se rige la Red cambiarán de manera irremediable y, además, que la libertad de expresión se encuentra en peligro por verse limitada, argumento que recuerda a aquel que se barajó en contra de la Ley Sinde, que por cierto buscaba luchar contra la piratería. Total libertad o censura total, afirman los detractores que también plantean la dificultad técnica de controlar los millones de contenidos que cada día, cada hora, son subidos a la Red.