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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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Más de 5.000 estudiantes "atrapados" por los Préstamos Renta Universidad

Unidos Podemos ha presentado una iniciativa parlamentaria para ofrecer facilidades de pago a los estudiantes que se acogieron a este programa público para financiar su estudios

Cartel promocional del Préstamo Renta Universidad puesto en marcha por el Ministerio de Educación y Ciencia /

El programa Préstamo Renta Universidad se puso en marcha en el año 2007. En principio, buscaba la inclusión de los jóvenes españoles en el mercado laboral fomentando la ampliación de su nivel de formación. Hasta su cancelación en el año 2012, más de 10.000 personas se adscribieron a este programa. Casi 11 años después, más de la mitad de los jóvenes que solicitaron el préstamo se encuentran endeudados y sin los ingresos suficientes para hacer frente a las cuotas que solicitan las entidades financieras. Los afectados reclaman responsabilidad al Gobierno y piden que medie entre la banca y los estudiantes que se encuentran “asfixiados”, dicen, entre comisiones “abusivas” al tratarse de ayudas con origen público.

En el curso escolar 2007/2008, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó este nuevo programa para financiar los estudios de máster. En esta primera convocatoria se establecía que los beneficiarios debían devolver el dinero una vez hubieran finalizado su formación y se hubieran incorporado al mercado laboral alcanzado un nivel de renta superior a 22.000 euros anuales. En caso de no alcanzar esta renta en 15 años, la deuda quedaba condonada.

Según Miguel Ángel Llamas, portavoz de la Asociación de Afectados por el Préstamo Universidad, tras la primera convocatoria, las bases del programa cambiaron sin apenas información. Mantuvieron el nombre de Préstamo Renta Universidad pero la devolución del dinero ya no estaba condicionada a la inclusión en el mercado de trabajo de los estudiantes y a la obtención de una renta. “A pesar de que se mantiene su denominación, se convierten en préstamos mercantiles al uso”, aseguraba.

Programa fracasado

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno en el año 2012, se decidió suspender el programa que ya se enfrentaba al problema de que los estudiantes finalizaban sus estudios y sin poseer el nivel económico suficiente para hacer frente al préstamo se veían obligados a devolverlo. Existía así un “sobreendeudamiento” de los estudiantes.

Decía Llamas que “las entidades financieras, que tienen un papel meramente colaborador” –y es que el dinero de estos préstamos proviene de fondos públicos– “están cobrando intereses de demora, comisiones e incluso incluyen a los titulados universitarios en ficheros de morosidad para que no puedan emprender proyectos empresariales”. Esas prácticas por parte de la banca, según comentaba el portavoz de la Asociación de Afectados, “son totalmente abusivas” y se están produciendo ante la “pasividad” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, competente en este caso.

Según Miguel Ángel Llamas, es responsabilidad del Ministerio de Pedro Duque “dirigirse a las entidades financieras para que cumplan los convenios que en su día suscribieron con el Ministerio de Educación”. Estos convenios, decía el portavoz, “les impiden cobrar comisiones o embargar a las personas que no pueden hacer frente al pago de las cuotas”.

Iniciativa parlamentaria 

En el año 2017 se debatió en la Cámara Baja una proposición no de ley que fue aprobada por la mayoría del hemiciclo con la abstención del Partido Popular aunque finalmente, el Gobierno no impulsó ninguna norma al respecto.

El pasado mes de julio, el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, según Llamas “de mínimos”, para ofrecer una solución al problema. En este texto se establece la devolución de los préstamos pero una vez alcanzada la renta que marcaban las bases de la primera convocatoria del programa. Además, se impide a las entidades financieras que emitan requerimientos a los prestatarios, con el consiguiente cobro de comisiones bancarias, devengo de intereses de demora y su inclusión en los ficheros de morosidad.

El Gobierno, decía Miguel Ángel Llamas, tiene de plazo hasta el día 5 de octubre para decidir si la tramita o la veta. Los afectados esperan que salga adelante, comentaba, porque “no están diciendo que no quieren pagar, sino que quieren facilidades para poder devolver esos préstamos”.

 

 

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