Más de 300 ONG denuncian que agencias de la ONU intentan legalizar los vientres de alquiler

Madrid

Estas 300 organizaciones, que forman parte de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, denuncian que el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU están tratando de influir en algunos gobiernos y en algunos casos asesorándolos para legalizar la gestación subrogada.

La filósofa Alicia Miyares, portavoz de la Red, señala a la Cadena SER que les consta que dentro del seno de la ONU se está produciendo este debate y que en estas agencias está cristalizando la idea de que se puede ir a una especie de convenio internacional de embarazo en "gestación subrogada altruista".

"No existe una gestación subrogada altruista y por lo tanto no pueden buscar solución fácil. Es una práctica que exige a una de las partes que firme un contrato previo, que renuncie al derecho fundamental a la filiación con consecuencias para los menores y que establece una compensación económica".

La red, que inicia así una campaña internacional con asociaciones de otros países, insta a los estados y gobiernos donantes a que retiren sus aportaciones económicas a estas agencias de la ONU. "La vía de cortarles la financiación es la medida que deben tomar los estados para frenar una práctica egoísta que conculca los derechos de mujeres y menores", añade Miyares.

Consideran también urgente revisar las normativas sobre la inscripción de los bebés y piden la prohibición de la publicidad, de las clínicas y de todos los negocios de una industria que pretende que se legitime el alquiler de vientres como una "mera práctica de reproducción asistida".

Las organizaciones piden al Gobierno español que actúe ante Naciones Unidas para frenar los intentos de legalizar los vientres de alquiler y de legitimar los intereses de esta industria en países de todo el mundo.

Este martes registrarán un comunicado ante los ministerios de Exteriores, Igualdad y Sanidad en el que definen esta práctica como "una grave violación de los derechos y de la dignidad de mujeres y menores" y "la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva reportando millonarios beneficios a las agencias de intermediación y clínicas".

El documento acusa a la industria del alquiler de vientres de "operar en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y de trata de seres humanos con la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social".

Insisten en que "el deseo de ser padre o madre no es un derecho" y afirman que el alquiler de vientres es una práctica "mezquina y egoísta que tiende a conformar un sistema de criadas reproductivas".